Por Paola Díaz
Uno de los abogados condenados este jueves, Gustavo Bentos, es un teniente coronel retirado que en 2020 fue sumariado luego de que fuera denunciado por captar junto a otro militar accidentados que se encontraban internados en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, según consta en la resolución del Ministerio de Defensa a la que accedió FM GENTE.
Bentos recibía, de otro teniente coronel, información que llegaba a su correo electrónico, sobre pacientes que habían sufrido siniestros de tránsito y se encontraban internados en el hospital militar. La resolución mencionada anteriormente señala que su cómplice “ejerció uso indebido de los datos que surgían de las hojas de novedades de los accidentados”.
Asimismo, la investigación administrativa fundamenta que “resultó evidente” que entre estos militares de alto rango “se concertó y se ejecutó la idea de la promoción para captar clientes”.
Tras este sumario, años después Bentos se retiró de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2023, una resolución del Ministerio de Defensa a la que accedió FM GENTE, señala que el militar “solicita su pase a situación de retiro voluntario”, lo que le fue concedido por el entonces ministro Javier García.
Bentos se dedicó entonces a ofrecer sus servicios en siniestros de tránsito en todo el país. También en Maldonado. Una investigación que llevó adelante la Fiscalía de Toledo logró comprobar que formaba parte de una red nacional que se manejaba de la siguiente manera: inmediatamente después de ocurrir un accidente de tránsito con víctimas graves o fatales, policías o enfermeros de emergencias móviles alertaban a los abogados y gestores de la organización.
Tras recibir los datos confidenciales de los accidentados, estos últimos se contactaban rápidamente para ofrecer sus servicios legales y asegurar la tramitación de las indemnizaciones. Policías y personal de la salud involucrados cobraban dinero por filtrar esa información sensible.
Bentos fue condenado a la pena de 2 años y diez meses de penitenciaría y multa de 200 UR. Se le tipificó asociación para delinquir especialmente agravado con delitos de cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravada.
Foto: El Observador
Uno de los abogados condenados este jueves, Gustavo Bentos, es un teniente coronel retirado que en 2020 fue sumariado luego de que fuera denunciado por captar junto a otro militar accidentados que se encontraban internados en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, según consta en la resolución del Ministerio de Defensa a la que accedió FM GENTE.
Bentos recibía, de otro teniente coronel, información que llegaba a su correo electrónico, sobre pacientes que habían sufrido siniestros de tránsito y se encontraban internados en el hospital militar. La resolución mencionada anteriormente señala que su cómplice “ejerció uso indebido de los datos que surgían de las hojas de novedades de los accidentados”.
Asimismo, la investigación administrativa fundamenta que “resultó evidente” que entre estos militares de alto rango “se concertó y se ejecutó la idea de la promoción para captar clientes”.
Tras este sumario, años después Bentos se retiró de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2023, una resolución del Ministerio de Defensa a la que accedió FM GENTE, señala que el militar “solicita su pase a situación de retiro voluntario”, lo que le fue concedido por el entonces ministro Javier García.
Bentos se dedicó entonces a ofrecer sus servicios en siniestros de tránsito en todo el país. También en Maldonado. Una investigación que llevó adelante la Fiscalía de Toledo logró comprobar que formaba parte de una red nacional que se manejaba de la siguiente manera: inmediatamente después de ocurrir un accidente de tránsito con víctimas graves o fatales, policías o enfermeros de emergencias móviles alertaban a los abogados y gestores de la organización.
Tras recibir los datos confidenciales de los accidentados, estos últimos se contactaban rápidamente para ofrecer sus servicios legales y asegurar la tramitación de las indemnizaciones. Policías y personal de la salud involucrados cobraban dinero por filtrar esa información sensible.
Bentos fue condenado a la pena de 2 años y diez meses de penitenciaría y multa de 200 UR. Se le tipificó asociación para delinquir especialmente agravado con delitos de cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravada.
Foto: El Observador
