Fernando Torres sostuvo que una pericia psicológica necesaria para ir a juicio oral puede costar entre 3.000 y 4.000 dólares, y que el imputado que no puede pagarla termina aceptando un acuerdo con Fiscalía.
El abogado penalista Fernando Torres calificó con un 2, en una escala del 1 al 10, el funcionamiento del sistema penal uruguayo, y sostuvo que el 96% de las causas se resuelve por juicio abreviado sin llegar a juicio oral.
Torres expuso este martes 28 a La Contratapa de la Revista de FM GENTE su visión sobre el funcionamiento del proceso penal a partir de su ejercicio profesional.
El abogado explicó que el juicio abreviado es un camino corto que ofrece el fiscal y que acepta la defensa junto al imputado, a cambio de admitir los hechos por los que se lo acusa. Según describió, el mecanismo se apoya en la diferencia de penas: donde un acuerdo puede implicar dos años, un juicio puede derivar en seis, diez o dieciséis. "Que ya exista un 96% de juicios abreviados no es normal", afirmó.
Para Torres, el eje del problema es económico. Sostuvo que el derecho del imputado a defenderse termina traduciéndose, en la práctica, en su capacidad de pago, y que él trabaja con clientes que no la tienen. "Yo intervengo en causas donde no tengo clientes pudientes", señaló.
El penalista puso como ejemplo una causa por un delito sexual no flagrante. Indicó que la primera audiencia en Fiscalía implica un honorario que ubicó entre 1.500 o 2.000 dólares, pero que a partir de ahí el proceso se encarece.
Explicó que la prueba central en ese tipo de casos es la Cámara Gesell, una entrevista con una psicóloga forense que, según afirmó, en la práctica muchas veces realiza un funcionario del juzgado sin formación específica para detectar preguntas sugestivas o interrogatorios inducidos. Para rebatir esa prueba en un juicio oral, dijo, la defensa necesita contratar a un psicólogo forense que realice una metapericia y luego la defienda en audiencia.
Ese es el punto donde, de acuerdo a lo que relató, muchas defensas se caen. "¿Tenés tres, cuatro mil dólares para hacer una metapericia? No, no tengo. Bueno, pero entonces yo no te puedo defender", graficó sobre el diálogo con un cliente. "Lo mejor que tenés acá es hacer un acuerdo", agregó.
Torres sostuvo que a eso se suma el trabajo de campo que debe hacer el defensor por su cuenta: armar su propia carpeta de investigación, entrevistar y grabar a testigos y al entorno familiar, tareas que también insumen tiempo y costo.
El abogado cuestionó además la reforma del Código del Proceso Penal que se discute actualmente en un grupo asesor integrado por catedráticos, entre ellos, mencionó, Gabriel Valentín. Según afirmó, allí se discuten nuevas potestades para la Fiscalía y para la defensa, pero no los derechos del imputado, que consideró una cosa distinta. Sostuvo que quienes integran ese ámbito manejan otro perfil de clientes y no están atendiendo la problemática del 70% de la población que, dijo citando registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de clase media-baja.
Consultado sobre cuál sería el título de su planteo, respondió con una frase propia: "Proceso penal, maquinaria de picar personas desfavorecidas económicamente".
Torres también apuntó al uso de la prisión preventiva. Recordó que está prevista para casos de riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación o protección de la víctima, y que existen medidas previas como el arresto domiciliario o la tobillera electrónica, pero afirmó que en los hechos "se utiliza como mecanismo de presión" para empujar al acuerdo.
29 Jul 2026
19:00
