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La ocupación de terrenos en el balneario El Tesoro comenzó a preocupar a los vecinos, porque vieron crecer una suerte de asentamiento impulsado por personas que afirmaban que habían comprado esas propiedades.

La Intendencia de Maldonado decidió intervenir finalmente, y comisionó a su representante legal, el doctor Barla, a presentar una denuncia formal en la justicia a los efectos de detener el fenómeno.

Con la ayuda de efectivos policiales que llevaron adelante la investigación, en los últimos días fueron procesadas con prisión tres personas, el escribano que daba visos de legalidad a documentos que no lo eran, y otros dos laderos que se ocupaban de conseguir a los interesados y tramitar las ventas.

APARECIERON LOS DUEÑOS
Barla dijo que finalmente se pudo comprobar que todo “era una mentira”. “Aparecieron los dueños diciendo que efectivamente no habían tenido la oportunidad de controlar la posesión, porque la posesión se puede contradecir, no es algo que no exista”, explicó.

“Puede existir que alguien es propietario de un terreno y otra persona lo ocupa, y si está un año, dos años, tres años, hasta 30 años con la tolerancia del titular, (este) puede llegar a perderlo mediante el juicio de prescripción, el que transforma la posesión en prescripción treintenal y luego en propietad por prescripción”, reveló recorriendo los vericuetos jurídicos.

Expuso que “eso justamente establece un requisito que es bastante obvio en cuanto a la tolerancia que hace el dueño porque durante 30 años no hizo nada teniendo gente que le ocupaba algo de su propiedad”.

“Pero cuando esto es una mentira, cuando es algo que se hace por la espalda, el dueño no tiene posibilidad de controlar, porque los dueños podrían ir un día, todos los días, una vez por mes, y nunca vieron nada”, razonó, aterrizando en lo ocurrido en El Tesoro.

Dijo que todo estuvo en calma “hasta que apareció una gente ocupando allí; bueno, era porque justamente el que alega los derechos posesorios no era real, no eran tales, y no había manera de controlarlo”.

“Si yo digo que hace 30 años que estoy acá y los vecinos no me conocen, evidentemente, el dueño tampoco tenía posibilidades de controvertirlo”, exteriorizó.

Dijo que “por eso se requiere una posesión que sea pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño, que no haya sido controvertida por el propietario, porque en ese caso la posesión no se considera propia para adquirir por prescripción”.

Barla dejó en claro que lo ocurrido en El Tesoro habilitó la desocupación de las personas que decían haber comprado los terrenos, y la restitución de estos a sus legítimos propietarios.

LA BUENA FE
El profesional abordó también los casos de las personas que ignoraban que se habían convertido en parte de algo ilegal.

“Evidentemente acá el que adquiere de buena fe tiene también el derecho de reclamar lo que corresponda, porque la persona está comprando…”, dijo, y dejó en suspenso el sobreentendido de que podría ir a buscar una reparación civil de los procesados.

Y fue específico: “En este caso también, sí, sí, sí; el comprador, si estaba de buena fe, eso siempre hay que analizarlo, tiene derecho a reclamar, obviamente, porque le están vendiendo algo en una escritura pública que luego se comprueba que hay una falsedad”.

“Puede ser engañado en su buena fe; como digo, este delito de falsificación tiene dos aspectos, cuando se ataca el aspecto formal del documento, o cuando se ataca la substancia, el contenido, que es la falsificación ideológica”, avanzó.

EL DOCUMENTO FALSO
Mencionó que “también pueden hacerle a alguien una escritura pública donde sea falso el documento, se falsifica la firma del escribano, se falsifica el sellado notarial, se falsifica el documento, y esa persona de buena fe puede creer que era una escritura regular; sin embargo, era el documento falso”.

“En este caso no, el documento era absolutamente regular, mediante la intervención de un escribano público también regular, pero en el mismo lo que se decía allí no era cierto, el tema de los derechos posesorios”, insistió.

Añadió que “de todas formas hay un aspecto interesante que es cuando se hace una denuncia policial por lo general son los vecinos, no el dueño, los que advierten lo que está pasando”.

Pero, mostró la dificultad para la actuación policial sin el respaldo jurídico: “Concurre la policía y la persona que tiene estos documentos de derechos posesorios saca esa escritura se la exhibe al policía, y el policía no tiene muchos elementos para rebatir eso”.

“Es una escritura, como se dice habitualmente la persona tenía papeles; bueno, si tenía papeles ya es un tema tendiente a ir a la órbita Civil”, analizó.

Aclaró en la justicia Civil “se dilata y a veces se complica porque es toda una apariencia muy real que además a veces va acompañada de tener al día contribución inmobiliaria: el que vende va a la intendencia y paga la contribución, o sea, exhibe que está al día.

Barla completó su intervención señalando que todo esto se hizo “cumpliendo con las exigencias legales de la ley de ordenamiento territorial que a las intendencias las obliga a cuidar el territorio, a cuidarlo ordenadamente, a vigilar el territorio”.