López informó que, en la actualidad, hay un total de 904 familias instaladas en diferentes asentamientos: 540 asentadas en el barrio Kennedy; 120 en El Placer; 110 en Los Eucaliptus, 60 en Cerro Pelado, 45 en el Benedetti, 15 en Las Violetas y 14 en el asentamiento barraca Pagola.
Del total, la quinta parte son usurpadores. López consideró necesario separar a quienes están “en la mala” de los usurpadores que van haciendo negocios de un lugar a otro. “Algunos no tienen más remedio que caer en un asentamiento, pero luego están los otros, los usurpadores consuetudinarios, que van peregrinando de un asentamiento en otro, haciendo un rancho y vendiéndolo”, explicó el jerarca.
Según sus datos, estos últimos representan la quinta parte de la población asentada en el departamento. Y, si bien muchos han sido identificados, argumentó que su movilidad es tal que impide a los inspectores entregarles la correspondiente notificación.
López subrayó que el problema de los asentamientos es muy complejo y variado, dependiendo de los servicios que se ofrecen en cada uno. “Es un conjunto de viviendas que se construyen de manera irregular, sin autorización, en predios ajenos públicos o privados. Entonces, tenemos asentamientos que tienen todos los servicios, y asentamientos precarios como Los Eucaliptus o de Benedetti, que es mucho más viejo”, comentó.
Ejemplo de asentamiento “avanzado” es La Capuera, sobre Laguna del Sauce, donde existen todos los servicios. “Los habitantes rechazan que le llamemos asentamientos y su objetivo es regularizar su situación, para lo cual la intendencia ha sido intermediaria con los propietarios. Más de la mitad ya ha firmado un acuerdo para obtener su título”, enfatizó López.
Al evaluar la oferta de soluciones habitacionales, el director lamentó que sistemas como el de la construcción por ayuda mutua haya fracasado. Admitió que esa experiencia “no fue buena” aunque tenían cifradas esperanzas en su éxito.
“El director de Vivienda (Antonio Azuaga) venía con una experiencia muy alentadora de MEVIR, pero nos encontramos con una realidad diferente en Maldonado. Por distintos motivos, un poco por errores del gobierno y mucho por los propios vecinos que no se adaptaron al sistema de ayuda mutua, se dilató la respuesta”, admitió López.
Tampoco dio los resultados esperados el llamado a precios para la construcción de viviendas cáscara (se realizan exteriores, baño y cocina, para que luego el adjudicatario continúe la construcción). “Se intenta cambiar la realidad, pero nos encontramos con precios exorbitantes, de 40 y 50 mil dólares solamente por la cáscara”, lamentó.
Del total, la quinta parte son usurpadores. López consideró necesario separar a quienes están “en la mala” de los usurpadores que van haciendo negocios de un lugar a otro. “Algunos no tienen más remedio que caer en un asentamiento, pero luego están los otros, los usurpadores consuetudinarios, que van peregrinando de un asentamiento en otro, haciendo un rancho y vendiéndolo”, explicó el jerarca.
Según sus datos, estos últimos representan la quinta parte de la población asentada en el departamento. Y, si bien muchos han sido identificados, argumentó que su movilidad es tal que impide a los inspectores entregarles la correspondiente notificación.
López subrayó que el problema de los asentamientos es muy complejo y variado, dependiendo de los servicios que se ofrecen en cada uno. “Es un conjunto de viviendas que se construyen de manera irregular, sin autorización, en predios ajenos públicos o privados. Entonces, tenemos asentamientos que tienen todos los servicios, y asentamientos precarios como Los Eucaliptus o de Benedetti, que es mucho más viejo”, comentó.
Ejemplo de asentamiento “avanzado” es La Capuera, sobre Laguna del Sauce, donde existen todos los servicios. “Los habitantes rechazan que le llamemos asentamientos y su objetivo es regularizar su situación, para lo cual la intendencia ha sido intermediaria con los propietarios. Más de la mitad ya ha firmado un acuerdo para obtener su título”, enfatizó López.
Al evaluar la oferta de soluciones habitacionales, el director lamentó que sistemas como el de la construcción por ayuda mutua haya fracasado. Admitió que esa experiencia “no fue buena” aunque tenían cifradas esperanzas en su éxito.
“El director de Vivienda (Antonio Azuaga) venía con una experiencia muy alentadora de MEVIR, pero nos encontramos con una realidad diferente en Maldonado. Por distintos motivos, un poco por errores del gobierno y mucho por los propios vecinos que no se adaptaron al sistema de ayuda mutua, se dilató la respuesta”, admitió López.
Tampoco dio los resultados esperados el llamado a precios para la construcción de viviendas cáscara (se realizan exteriores, baño y cocina, para que luego el adjudicatario continúe la construcción). “Se intenta cambiar la realidad, pero nos encontramos con precios exorbitantes, de 40 y 50 mil dólares solamente por la cáscara”, lamentó.
