Condenaron a una mujer que se sacó la tobillera electrónica y se acercó con un arma a la casa de su expareja

El hecho se originó cuando en la noche del miércoles 17, cerca de las 23:00, el área de Monitoreo Electrónico del Centro de Comando Unificado (CCU) recibió un alerta de que una mujer, conectada al sistema por violencia doméstica, había abandonado su dispositivo de rastreo en la zona de Camino de los Gauchos, Maldonado.

Hasta el lugar se trasladó personal policial, que constató que el dispositivo había sido dejado en la zona y montó un operativo para ubicar a la mujer, que se presumía seguía en las inmediaciones.

En la madrugada del jueves 18 fue localizada y detenida en Camino de los Gauchos y calle Parabera, cuando se encontraba cerca de la vivienda de su expareja. Una vez detenida, en el registro corporal se le encontró una pistola de aire comprimido, que fue incautada.

Se trata de una mujer sin antecedentes penales, aunque sobre ella ya se habían registrado reiteradas intervenciones por incumplir las restricciones dispuestas por la Justicia, ya sea acercándose al domicilio de su expareja o abandonando el dispositivo de rastreo en la vía pública.

Tras tomar conocimiento, la Fiscalía especializada en violencia doméstica y de género dispuso su comparecencia. El mismo jueves se celebró la audiencia en el Juzgado Letrado de Primer Turno de San Carlos, especializado en violencia de género, doméstica y sexual, donde se resolvió su condena como autora de reiterados delitos de desacato, con un delito de retiro de dispositivo electrónico, a la pena de diez meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba.

Entre las obligaciones impuestas, deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico durante los diez meses y permanecer en su domicilio los primeros siete. En los tres meses restantes deberá someterse a la supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse una vez por semana en dependencia policial, cumplir dos horas semanales de servicio comunitario y someterse a un tratamiento por adicción, acreditándolo ante la sede judicial. También se le fijó la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima en un radio de 500 metros.