El legislador del Partido Nacional, Diego Echeverría, presentó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados cinco proyectos de ley orientados a endurecer la respuesta penal contra el crimen organizado y el narcotráfico.
A raíz del atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero - considerado por el diputado como un punto de inflexión - Diego Echeverría sostuvo ante la comisión que era momento “de pasar de la indignación a los hechos” y que las propuestas representan “medidas concretas que buscan desarticular a las mafias, aislar a sus líderes y devolver tranquilidad a la ciudadanía”.
El legislador propuso introducir un nuevo agravante en el artículo 312 del Código Penal. Este artículo determina que se aplicará la pena de penitenciaría de 15 a 30 años en homicidios cometidos bajo “circunstancias agravantes muy especiales”, por ejemplo, cuando son cometidos “con impulso de brutal ferocidad” o “por precio o promesa remuneratoria”.
Echeverría propone que se incorpore el agravante para homicidios cometidos en el marco del crimen organizado, “que muchas veces alcanzan a víctimas ajenas a los conflictos criminales”.
El inciso propuesto que podría aumentar la pena es el siguiente: "Por venganza o disputas de cualquier tipo entre bandas criminales, o para eliminar a uno o más integrantes de otra banda criminal, o para demostrar autoridad entre sus integrantes. El máximo de la pena estará plenamente justificado si el homicidio se cometiera por estos motivos en un menor de 18 años o en persona no integrante de la banda criminal o que la banda tenga por finalidad los delitos de rapiña, secuestro, extorsión, trata de personas y tráfico de estupefacientes".
Otra de las propuestas del diputado apunta al aislamiento carcelario de líderes criminales y la desarticulación de sus redes.
“La iniciativa se inspira en experiencias internacionales exitosas y busca responder a una demanda urgente de la sociedad uruguaya: reforzar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos”, dijo el legislador.
El artículo que propuso estaría contemplado en la Ley de Estupefacientes Nº 14.294, del año 1974. La disposición pretende que a las personas condenadas bajo esta ley se les imponga, además, un régimen de reclusión que contemple las siguientes condiciones mínimas: ubicación en un establecimiento penal de máxima seguridad, restricción de visitas, aislamiento e incomunicación como medida preventiva y requisas semanales del sitio donde se encuentre.
El diputado también presentó una propuesta para establecer penas más severas cuando la cantidad de droga incautada es mayor, “considerando la gravedad del delito en función de la cantidad incautada”.
En ese sentido propuso agregar al artículo 36 de la ley mencionada anteriormente el siguiente agravante: “Cuando los delitos previstos en la presente ley tuvieran como objeto una cantidad superior a 50 kilos de sustancias prohibidas, la pena del mismo será aumentada en un tercio”.
Foto: cuenta de X Diego Echeverría
01 Oct 2025
14:04
