El edil nacionalista Darwin Correa dijo en la Junta Departamental que, atendiendo a un reclamo de los vecinos, comienza a operarse un gran cambio en las terminales de ómnibus de Maldonado. Destacó que ahora van a funcionar adecuadamente, van a hacerse tareas de mantenimiento y se va a percibir un canon de 100 mil dólares anuales. Por otra parte, alertó por el consumo abusivo de alcohol por parte de menores y reclamó mayores sanciones por parte de la IDM a los comercios que no respeten la normativa.
El curul se refirió a la concesión de las cuatro terminales de ómnibus más importantes del departamento – Punta del Este, Maldonado, Piriápolis y San Carlos- a una empresa privada, que se concretó este martes.
“UN VIEJO RECLAMO”
Dijo que este era “un viejo reclamo de los vecinos”, ante las carencias constadas en el funcionamiento de estas terminales y por “su espantoso estado”.
Correa informó que la Intendencia ha invertido 1,3 millones de dólares para repararlas. “Esta administración que asume va a pagar un canon de 100 mil dólares por año. Y ahí está la interrogante y lo complejo de esto… Durante los 10 años de la administración de (Oscar) de los Santos, todos los que sacaron un pasaje pagaron 10 pesos de tasa de embarque” que debían destinarse al mantenimiento de las terminales, pero eso no se cumplió, destacó.
Pero señaló que, desde ahora, “las terminales de Maldonado van a tener una administración. El reclamo de los vecinos fue escuchado por el gobierno del Partido Nacional y se van a comenzar a solucionar esos temas. Estamos muy contentos por este hecho”, aseguró.
CONSUMO DE ALCOHOL
En otro orden, el edil expresó su preocupación por el consumo “alarmante” de alcohol por parte de los jóvenes, que se constató durante la temporada en Maldonado, principalmente en la zona balnearia.
“Si no fuera por la intervención de los agentes de salud, hoy estaríamos hablando de muchas muertes durante el verano pasado”, advirtió.
Consideró que la IDM debe decretar que los comercios que reinciden en la venta de alcohol a menores no sólo sean multados sino que se les retire “de inmediato la habilitación higiénica, para que no pueda seguir funcionando”.
Manifestó que “en principio” la propuesta es que la sanación sea “por tres meses, después por seis y luego para que no abra más”.
“Y estamos en consonancia con la que quiere hacer a nivel nacional la Junta de Drogas y el INAU”, agregó.