La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República respondió públicamente a una nota presentada por estudiantes a raíz de una situación que generó inquietud dentro de la comunidad universitaria y que involucra el acceso a actividades académicas de una persona privada de libertad.
En un comunicado firmado por la decana Danny Freira, la Facultad reconoció la preocupación existente y explicó los límites que tiene la institución para intervenir, particularmente cuando existen decisiones adoptadas por el Poder Judicial.
“Somos conscientes de que lo que está ocurriendo moviliza a muchas personas de nuestra comunidad y genera inquietudes legítimas”, expresó la FCEA.
La institución aseguró que “no es indiferente” a lo que sucede con quienes la integran y afirmó que se encuentra analizando la situación junto a diferentes áreas de la Universidad.
Una persona privada de libertad y su acceso a una prueba. Uno de los puntos centrales del comunicado refiere a las condiciones bajo las cuales una persona privada de libertad puede participar de actividades educativas.
La Facultad explicó que los procesos penales, las condenas, las medidas de privación de libertad y sus modalidades de cumplimiento son asuntos que corresponden exclusivamente al Poder Judicial.
Por esa razón, sostuvo que como servicio universitario debe cumplir las disposiciones judiciales que correspondan.
“Si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos”, señaló la institución.
La FCEA reconoció, al mismo tiempo, las consecuencias que una situación de esas características puede provocar entre otros estudiantes.
“Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos”, agregó.
Frente a ello, aseguró que existen mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectados y que se estudian otras medidas que puedan adoptarse dentro de las competencias de la Facultad.
La Facultad no informará sobre la trayectoria académica. Otro de los reclamos planteados estuvo relacionado con información académica de estudiantes en particular.
Sobre este punto, la FCEA señaló que está obligada a cumplir la normativa sobre protección de datos personales y, por lo tanto, no puede divulgar información sobre inscripción, cursado o rendición de evaluaciones de una persona identificada o identificable, salvo que exista una habilitación legal. La institución hizo una aclaración expresa ante las interpretaciones que pueda generar esa reserva.
“Esta reserva no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño, sino como una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria sin excepción”, afirmó. Según la Facultad, esa confidencialidad también busca preservar la privacidad y la integridad de las personas que se hayan visto afectadas.
DERECHO A ESTUDIAR A PESAR DE ESTA PRESO
La FCEA defendió además el principio de acceso a la educación para las personas privadas de libertad. “La Facultad reafirma que el acceso a la educación constituye un derecho que la Universidad garantiza también a las personas privadas de libertad, en consonancia con los principios de inclusión y reinserción social”, indicó.
Al mismo tiempo, sostuvo que ese derecho debe compatibilizarse con la obligación institucional de generar condiciones de seguridad, cuidado y convivencia para el resto de la comunidad educativa.
Para la Facultad, ambos principios deben ser garantizados simultáneamente y las respuestas deben evitar tanto la afectación de derechos como la profundización de situaciones de vulnerabilidad.
La institución recordó que desde hace años cuenta con instrumentos específicos para atender situaciones de violencia, acoso y discriminación.
Según el comunicado, en 2018 la FCEA se convirtió en la primera facultad de la Universidad de la República en contar con un protocolo específico para abordar este tipo de situaciones.
Actualmente dispone, entre otras herramientas, del Protocolo para la Recepción, Orientación y Derivación ante Situaciones de Violencia, Acoso y/o Discriminación en el Ámbito Laboral y Educativo y de un mecanismo para detectar y derivar personas en situaciones de violencia de género. Ambos fueron elaborados por CAVIDA y establecen procedimientos destinados a garantizar confidencialidad, escucha responsable y evitar la revictimización.
La Facultad indicó que cualquier integrante de la comunidad que experimente “temor, intimidación o vulnerabilidad” puede recurrir a la referente técnica especializada de CAVIDA.
FCEA ANALIZA NUEVAS MEDIDAS
La institución informó que se encuentra trabajando de manera coordinada con CAVIDA, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y el área jurídica de la Universidad de la República para determinar qué otras medidas pueden implementarse.
El objetivo, señaló, es encontrar respuestas dentro de las competencias que posee la Facultad y proteger a las personas involucradas.
Finalmente, la FCEA expresó su “más firme rechazo” a cualquier forma de hostigamiento, exposición pública, señalamiento o estigmatización, tanto hacia quienes plantearon la preocupación como hacia cualquier otro integrante de la comunidad universitaria.
“Sabemos que situaciones como esta generan inquietudes, preguntas y distintas sensibilidades dentro de nuestra comunidad”, concluyó la institución, que anunció que mantendrá abiertos los ámbitos de escucha y diálogo.
EL POR QUÉ DE ESTA COMUNICACIÓN
Tras el ataque a una joven de 19 años en la Facultad de Medicina comenzaron a circular imágenes del homicida de Valentina Cancela, identificado como Santino Gandini. El mismo figura como alumno en la lista de estudiantes de este este centro educativo. Eso llevó a que se propalara que concurre a esa facultad generando sorpresa y temor entre estudiantes y en la propia comunidad.
Se aclaró que estudia on line desde el propio centro de reclusión y las fuentes comentaron que él, como otros internos, participa de otras actividades sociales y deportivas únicamente en el lugar, aunque cuando debe rendir un examen es llevado por la seguridad del establecimiento a la facultad como lo establece el comunicado.
Cabe agregar que el homicida de Valentina Cancela, ocurrido aquí en Punta del Este en el año 2023, hoy es mayor de edad y en su momento cuando tenía 17 años fue condenado a 10 años de internación en el INISA, la pena máxima establecida para los homicidios muy especialmente agravados cometidos por adolescentes.
En un comunicado firmado por la decana Danny Freira, la Facultad reconoció la preocupación existente y explicó los límites que tiene la institución para intervenir, particularmente cuando existen decisiones adoptadas por el Poder Judicial.
“Somos conscientes de que lo que está ocurriendo moviliza a muchas personas de nuestra comunidad y genera inquietudes legítimas”, expresó la FCEA.
La institución aseguró que “no es indiferente” a lo que sucede con quienes la integran y afirmó que se encuentra analizando la situación junto a diferentes áreas de la Universidad.
Una persona privada de libertad y su acceso a una prueba. Uno de los puntos centrales del comunicado refiere a las condiciones bajo las cuales una persona privada de libertad puede participar de actividades educativas.
La Facultad explicó que los procesos penales, las condenas, las medidas de privación de libertad y sus modalidades de cumplimiento son asuntos que corresponden exclusivamente al Poder Judicial.
Por esa razón, sostuvo que como servicio universitario debe cumplir las disposiciones judiciales que correspondan.
“Si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos”, señaló la institución.
La FCEA reconoció, al mismo tiempo, las consecuencias que una situación de esas características puede provocar entre otros estudiantes.
“Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos”, agregó.
Frente a ello, aseguró que existen mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectados y que se estudian otras medidas que puedan adoptarse dentro de las competencias de la Facultad.
La Facultad no informará sobre la trayectoria académica. Otro de los reclamos planteados estuvo relacionado con información académica de estudiantes en particular.
Sobre este punto, la FCEA señaló que está obligada a cumplir la normativa sobre protección de datos personales y, por lo tanto, no puede divulgar información sobre inscripción, cursado o rendición de evaluaciones de una persona identificada o identificable, salvo que exista una habilitación legal. La institución hizo una aclaración expresa ante las interpretaciones que pueda generar esa reserva.
“Esta reserva no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño, sino como una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria sin excepción”, afirmó. Según la Facultad, esa confidencialidad también busca preservar la privacidad y la integridad de las personas que se hayan visto afectadas.
DERECHO A ESTUDIAR A PESAR DE ESTA PRESO
La FCEA defendió además el principio de acceso a la educación para las personas privadas de libertad. “La Facultad reafirma que el acceso a la educación constituye un derecho que la Universidad garantiza también a las personas privadas de libertad, en consonancia con los principios de inclusión y reinserción social”, indicó.
Al mismo tiempo, sostuvo que ese derecho debe compatibilizarse con la obligación institucional de generar condiciones de seguridad, cuidado y convivencia para el resto de la comunidad educativa.
Para la Facultad, ambos principios deben ser garantizados simultáneamente y las respuestas deben evitar tanto la afectación de derechos como la profundización de situaciones de vulnerabilidad.
La institución recordó que desde hace años cuenta con instrumentos específicos para atender situaciones de violencia, acoso y discriminación.
Según el comunicado, en 2018 la FCEA se convirtió en la primera facultad de la Universidad de la República en contar con un protocolo específico para abordar este tipo de situaciones.
Actualmente dispone, entre otras herramientas, del Protocolo para la Recepción, Orientación y Derivación ante Situaciones de Violencia, Acoso y/o Discriminación en el Ámbito Laboral y Educativo y de un mecanismo para detectar y derivar personas en situaciones de violencia de género. Ambos fueron elaborados por CAVIDA y establecen procedimientos destinados a garantizar confidencialidad, escucha responsable y evitar la revictimización.
La Facultad indicó que cualquier integrante de la comunidad que experimente “temor, intimidación o vulnerabilidad” puede recurrir a la referente técnica especializada de CAVIDA.
FCEA ANALIZA NUEVAS MEDIDAS
La institución informó que se encuentra trabajando de manera coordinada con CAVIDA, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y el área jurídica de la Universidad de la República para determinar qué otras medidas pueden implementarse.
El objetivo, señaló, es encontrar respuestas dentro de las competencias que posee la Facultad y proteger a las personas involucradas.
Finalmente, la FCEA expresó su “más firme rechazo” a cualquier forma de hostigamiento, exposición pública, señalamiento o estigmatización, tanto hacia quienes plantearon la preocupación como hacia cualquier otro integrante de la comunidad universitaria.
“Sabemos que situaciones como esta generan inquietudes, preguntas y distintas sensibilidades dentro de nuestra comunidad”, concluyó la institución, que anunció que mantendrá abiertos los ámbitos de escucha y diálogo.
EL POR QUÉ DE ESTA COMUNICACIÓN
Tras el ataque a una joven de 19 años en la Facultad de Medicina comenzaron a circular imágenes del homicida de Valentina Cancela, identificado como Santino Gandini. El mismo figura como alumno en la lista de estudiantes de este este centro educativo. Eso llevó a que se propalara que concurre a esa facultad generando sorpresa y temor entre estudiantes y en la propia comunidad.
Se aclaró que estudia on line desde el propio centro de reclusión y las fuentes comentaron que él, como otros internos, participa de otras actividades sociales y deportivas únicamente en el lugar, aunque cuando debe rendir un examen es llevado por la seguridad del establecimiento a la facultad como lo establece el comunicado.
Cabe agregar que el homicida de Valentina Cancela, ocurrido aquí en Punta del Este en el año 2023, hoy es mayor de edad y en su momento cuando tenía 17 años fue condenado a 10 años de internación en el INISA, la pena máxima establecida para los homicidios muy especialmente agravados cometidos por adolescentes.
