Los cambios tributarios fueron aprobados junto al préstamo de 30 millones de dólares que la Intendencia de Maldonado solicitó y que ya obtuvo anuencia. En esa oportunidad el secretario general de la Intendencia, Álvaro Villegas, fundamentó que el gobierno departamental impulsó una serie de modificaciones tributarias con el objetivo de “mejorar la gestión de residuos y las políticas ambientales”. Sin embargo, el Frente Amplio critica que “se presenta bajo la bandera de impuesto ambiental” pero fue creado “para cubrir un déficit”.
El ya aprobado préstamo que tenía incluidos los cambios tributarios tuvo el visto bueno del Tribunal de Cuentas (TCR) y el informe favorable del organismo fiscalizador fue votado este martes 14 por la Junta Departamental.
En el plenario los ediles del Frente Amplio criticaron la creación del nuevo tributo, el “impuesto general ambiental”, que sustituye el adicional impuesto general municipal.
El edil Juan Urdangaray señaló que “el aumento de la contribución inmobiliaria es de un 8,5% y el adicional ambiental para las contribuciones mínimas es de casi un 12%. Ese porcentaje es mucho más chico para los padrones de mayor valor”.
“En el 2026 más de 600 padrones en el departamento de Maldonado van a ver cómo se le aumenta significativamente la contribución inmobiliaria”, añadió.
Urdangaray dijo que la discusión del aumento de impuestos no se había producido antes y que “desde el Frente Amplio nos oponemos de forma rotunda. Van por el de abajo y no se animan a tocar al de arriba”.
En tanto el edil Pablo Cicero dijo que el nuevo gravamen financiará el incremento del costo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que se estima es de unos seis millones de dólares anuales.
De acuerdo a la argumentación de la intendencia, ese incremento en el sistema de recolección de residuos viene dado por la modernización, la mejora de los servicios y el crecimiento demográfico del departamento.
“La falta de previsión no puede justificarse creando un nuevo impuesto. Las deficiencias de planificación deben corregirse con gestión, con eficiencia, con control de gastos y con mejor supervisión de los contratos y no con más impuestos”.
Cicero criticó que el nuevo impuesto “se presenta bajo la bandera de impuesto ambiental” y que “no tiene un fondo de destino específico ni una rendición separada. Se lo presenta como una herramienta para financiar la gestión de residuos, pero en realidad va para las rentas generales. Solo se busca cubrir un déficit generado por decisiones de inversión y gasto corriente”.
El edil propuso, en nombre del Frente Amplio, que las alícuotas del impuesto sean diferentes “en función de la cantidad real de residuos generados” y que para eso se realice un estudio exhaustivo que permita identificar “los principales generadores de residuos comerciales, industriales y hoteleros”.
“No todos los contribuyentes tienen el mismo impacto ambiental y la tributación debe reflejar ese principio de equidad ambiental”, argumentó.
Además planteó la creación de incentivos y exoneraciones: “Proponemos crear un sistema de incentivos para los grandes generadores que desarrollen o contraten sistemas de tratamiento y disposición de sus propios desechos. Aquellos que gestionen sus propios residuos de forma responsable y certificada deben ser exonerados total o parcialmente del nuevo adicional”.
Por último, propuso la creación de un “fondo ambiental” con rendición semestral ante la Junta Departamental “donde se detallen los ingresos, los programas ejecutados y los resultados obtenidos”.
“Cualquier recurso adicional vinculado a políticas ambientales debe tener un destino exclusivo, transparente y auditable”, argumentó.
Foto: Plenario Junta Departamental de Maldonado / Archivo FM GENTE