Garlo afirmó que el proyecto de ley de lavado de activos, aprobado en Diputados, otorga “mayores garantías a los ciudadanos”

La Cámara de Diputados aprobó en la jornada de ayer lunes el proyecto de ley que incluye cambios a la Ley N° 19.574, aprobada en 2017. Esta ley es el marco normativo central en Uruguay para la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo al proyecto impulsado por el Frente Amplio, las modificaciones propuestas “aspiran a consolidar la colaboración interinstitucional, ampliar la capacidad operativa del Estado y armonizar nuestra legislación con los estándares internacionales en la materia”.

La actualización de la ley modifica más de 30 artículos de la normativa vigente. Por ejemplo, incorpora nuevos delitos precedentes: ciberdelitos, fraude financiero y el delito ambiental de introducción de desechos tóxicos.

También incorpora la reducción del tope para transacciones en efectivo: establece como monto máximo 200.000 unidades indexadas, cerca de US$ 33.000. Asimismo elimina y transforma la Fiscalía Especializada en delitos de lavado de activos para redistribuir la competencia de investigación entre diferentes fiscalías.

La oposición está en contra de algunas de estas modificaciones. En ese sentido, el diputado nacionalista Federico Casaretto opinó que el proyecto de ley “concentra el poder en la Secretaría de Presidencia de la República, bajo la órbita de Jorge Díaz, sin las garantías necesarias para los ciudadanos y los profesionales”.

Casaretto también afirmó que el nuevo proyecto de ley otorga a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) facultades para incautar información sin orden judicial.

Por el contrario, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, dijo en rueda de prensa que este tipo de afirmaciones son un “disparate”.

El legislador de Maldonado señaló que "bajo la redacción actual, la Senaclaft ya puede secuestrar documentación en los procesos de fiscalización" y que “intentar personalizar la construcción de esta ley en una sola persona (haciendo referencia a Jorge Díaz) y hablar de la construcción de superpoderes es un disparate”.

“No solamente es falso sino que también es irresponsable desde el punto de vista político”, apuntó.

Afirmó que el proyecto es resultado de una acumulación de procesos que involucra a todos los ministerios de la Presidencia y que comenzó en el gobierno anterior en el año 2023.

Sostuvo que el proyecto “otorga mayores garantías a los ciudadanos” y que establece normas claras para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.


Foto: cuenta X de Garlo