La activista explicó que el servicio fue profesionalizado en 2012 y no se trata de algo nuevo dentro del trabajo sexual.
Karina Núñez, activista y trabajadora sexual, explicó a la Página Central de FM GENTE que, en muchos casos, las necesidades de las personas discapacitadas no pasan “solo por lo coital”. En ese sentido, recordó el caso de una persona que “hacía 19 años nadie la abrazaba”, y de otra cuya madre, de 90 años, estaba en cama, por lo que “la acompañante fue la única persona que estuvo con él en el velorio de su padre”.
Núñez señaló que llevan adelante un proyecto para asistir sexualmente a personas con discapacidad desde el 2012, y remarcó que no se trata de algo nuevo dentro del trabajo sexual. Subrayó que “siempre” atendieron a personas con discapacidad, pero que a partir de ese año comenzaron a profesionalizar esa atención tras tener contacto con especialistas de Brasil que trabajaban en terapias vinculadas a esta temática.
Explicó que la capacitación es necesaria porque no todos los casos son iguales y, en algunas situaciones, se requiere un manejo cuidadoso de la persona para evitar lesiones o complicaciones de salud. En ese sentido, indicó que recibieron orientación de fisiatras, fisioterapeutas y enfermeras.
“Hay algunas discapacidades que ya se pueden trasladar solos, no hay problema. Pero hay otras discapacidades que hay que tratarlos con mucho cuidado. Por ejemplo, hay que saber cómo sacarlos de la silla, cómo poder ubicarlos sin generarles más lesiones de las que ya poseen”, expresó.
Núñez remarcó además que, en muchos casos, el acompañamiento no pasa únicamente por lo sexual. Según relató, hubo personas que buscaban afecto, contención o simplemente contacto físico, y sostuvo que se trata de una tarea que “trasciende solamente lo coital”.
Asimismo, subrayó que si una persona está judicialmente invalidada, el servicio no se presta, incluso aunque la familia quiera contratarlo. “Ni aunque pague recibe el servicio sexual, porque sería una violación”, afirmó.
Núñez aclaró que no se trata de un programa estatal ni de una iniciativa financiada por el Estado. Según dijo, es un trabajo impulsado por trabajadoras sexuales independientes que decidieron formarse para abordar estos casos de manera más profesional.
También indicó que el servicio no tiene una tarifa fija, ya que depende de cada situación particular, pero que el valor base ronda los 2.000 pesos, con una duración aproximada de 20 minutos.
Por último, aseguró que a lo largo de estos años trabajaron con más de 118 familias y que en muchos de los primeros casos las personas llegaron derivadas por sexólogos o psicólogos tratantes.