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“Ese problema, nosotros lo tenemos en los pequeños comercios, los pequeños almacenes que venden una tortilla o una empanada que no pueden demostrar los orígenes”, reveló.

Agregó que “en ese caso sí se procede al retiro inmediato de la mercadería cuando concurre el inspector”. “Estoy hablando de 70 actuaciones diarias (que se practican), y de ellas un porcentaje de un 5% a 10% (de cuatro a siete), más o menos, derivan en multas”.

TOMA DE CONCIENCIA

De Alava transparentó el espíritu con que la intendencia realiza los controles: “Nosotros preferimos hacer una suspensión de la actividad (comercial), y no llegar a la clausura con todo el perjuicio comercial que eso va a llevar”.

“Como nuestra intención no es cobrar una multa sino corregir la situación, y como siempre digo, avanzar en la toma de conciencia del empresario y el trabajador, nosotros hacemos lo que se llama una suspensión de actividades”, contó.

Pero hubo dos respuestas que afinaron la comprensión sobre cómo trabaja la intendencia controlando la higiene de los alimentos que consumen los maldonadenses.

“No puedo decir, sería una irresponsabilidad de mi parte, coman tranquilos cualquier cosa”, fue una, y “yo como algún pancho, sí como”, cuando se le preguntó si él consumía alimentos comprados en la vía pública.

AMBULANTES CONTROLADOS

De Alava respondió también que “los vendedores de calle sí están controlados, a los que hacemos constantes controles es sobre los pancheros, el tipo de salsas, sacamos muestras, pedimos el origen del pan, el origen del pancho”. Tal vez, esta respuesta explique la anterior, que sólo come panchos en la calle.

“Ese problema, nosotros lo tenemos en los pequeños comercios, los pequeños almacenes que venden una tortilla o una empanada que no pueden demostrar los orígenes”, ilustró.

Explicó que “en ese caso sí se procede al retiro inmediato de la mercadería cuando concurre el inspector”

“Nosotros ahora estamos haciendo habilitar cocinas de la gente que a veces con mucho sacrificio busca un nicho de trabajo y encuentra la posibilidad de venderle a un comercio una mercadería ya elaborada, hacemos habilitar la cocina”, declaró.

Agregó que “de todas maneras, ese tipo de alimentos tendría que tener la correspondiente rotulación; no vamos a exigir, no estamos exigiendo una rotulación completa como lo exige por ejemplo el decreto bromatológico nacional en cuanto a valores nutricionales, composición”.

“Estamos exigiendo sí poner una fecha de vencimiento y un origen registrado”, completó.

GRANDES SUPERFICIES

De Alava también refirió al comportamiento de las grandes superficies que expenden alimentos. El mayor problema que había con ellas era que remarcaban las fechas de vencimientos de algunos productos, según admitió.

“No es que no pasara nada, fue una práctica (la de remarcar la fecha de vencimiento de los productos, por ejemplo) que detectamos que estaba pasando, y ahí sí aplicamos fuertes multas; ahora esa situación se corrigió”, afirmó.

El funcionario se mostró satisfecho también con el nivel de los controles que se están haciendo sobre el transporte de alimentos, sobre todo, los que provienen de otros departamentos.

“Las grandes empresas han dejado de hacer algunas prácticas que no eran del todo correctas, y eso ha llevado a que si bien aumentamos con este móvil los controles, estamos haciendo más de 1.000 controles en el año con este móvil, eso ha mejorado mucho”, dijo.

Detalló que “nosotros ahora tenemos un pequeño móvil, un camión refrigerado para mejorar nuestra logística, hemos logrado hacer entender que aquí controlamos y actuamos cuando hay que actuar”.

“De todas maneras seguimos teniendo el problema de los vehículos particulares que ingresan al departamento, allí ellos no tienen la obligación por la normativa de detenerse en el control bromatológico”, señaló.

Dijo que “solamente a través de los inspectores, cuando ya se encuentran en la ciudad o en los pueblos de los departamentos con el control de los inspectores que van al local, o con este móvil, es que los podemos detectar”.

De Alava repasó la experiencia que se realiza en la zona oeste recogiendo el aceite comestible usado para, en un convenio con la empresa ALUR, subsidiaria de Ancap, elaborar a partir de él diesel combustible de menor nivel de contaminación que el proveniente del refinado de petróleo.

“Si pensamos que en Uruguay se están tirando nueve millones de litros de aceite por año, estamos contaminando 9.000 millones de litros de agua por año y tenemos que pensar en el planeta que le queremos dejar a las futuras generaciones”, concluyó.