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Según la sentencia del juez Juan José Benítez, el letrado entendió que la denuncia recae en una "improponibilidad de la pretensión" y existe una "inadecuación del trámite".

El dictamen del juez Benítez fue apelado por la Liga de Fomento, por lo que el caso seguirá en el Tribunal de Apelaciones, confirmó el abogado de los vecinos, Mauricio Fioroni, a El Observador.

"Está confundiendo el objeto del proceso, no es anular los trámites que habilitaron la obra, es de protección ambiental y de protección del ordenamiento territorial, que es independiente de los trámites", explicó el abogado, que agregó que la Liga sumó tres abogados "expertos, grado 5" para continuar con el litigio.

El CASO

Los vecinos de José Ignacio comenzaron con este litigio en 2022, luego de que la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Ambiente habilitaran que se continuara la construcción de la casa de Rossi, que había sido suspendida en 2020 luego de que los vecinos denunciaran que no fue construida con materiales livianos ni tenía una separación de pilotes adecuada, como marca la ordenanza territorial de esa zona, calificada como una franja de protección costera.

La Intendencia habilitó la casa amparada en el artículo 21 del Texto Ordenado de Normas de la Edificación (TONE), que ampara al intendente, en este caso Enrique Antía, a autorizar trámites por fuera de la ordenanza en cuestiones que no tengan que ver con el área que ocupa la casa, su altura o los retiros.

La comuna aprobó la construcción a pesar de "no haberse ejecutado la estructura con materiales livianos, si bien se encuentra sobre pilotes" porque "en los demás aspectos se ajusta a la norma", detalla la resolución de 2020 a la que tuvo acceso El Observador.

Los vecinos pidieron a la justicia "una condena a hacer o no hacer paralizando el daño invocado" por Rossi, marca la resolución judicial. Sin embargo, tanto la Intendencia como el Ministerio denunciaron diferentes irregularidades en la demanda.

LAS IRREGULARIDADES

Por un lado, la intendencia de Maldonado interpuso una "inadecuación del trámite", al entender que si los demandantes quieren laudar sobre un acto administrativo como lo es habilitar o inhabilitar una construcción, lo deben hacer ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y no ante un Juzgado Civil.

"La parte actora debió haber instaurado un proceso contencioso anulatorio, requiriendo contemporáneamente la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Al no haber demanda de nulidad ante el TCA, no puede sustituirse a través de este proceso", detalla la sentencia.

CUMPLIENDO LAS NORMAS

La construcción es, según consta en los títulos que presentan los vecinos, propiedad de Andrés Reinaldo Rossi, empresario argentino.
Allegados a la familia Rossi se comunicaron con LA NACION para asegurar que la suya fue levantada cumpliendo con todas y cada una de las exigencias normativas, y que cuenta con el permiso correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente. Sostienen que las acusaciones no tienen fundamento y que el matrimonio, que obtuvo la residencia uruguaya, “compró el terreno, presentó un proyecto, obtuvo los permisos correspondientes y la habilitación del Ministerio de Medio Ambiente, detuvo la construcción durante la pandemia y luego la retomó”. Aseguran que “nunca se apartaron de las normas” y que tienen “toda la documentación probatoria de la forma en que procedieron desde el inicio”.

Ofrecieron, además, una cronología que detalla el proceso de construcción de su casa. Allí, precisan que hubo algunos detalles que debieron ser ajustados durante la obra, como la construcción de la pileta en la planta baja y el cambio de la fachada de piedra por otra de madera. En el mismo documento insisten que, una vez realizadas las modificaciones, su casa no incumple ninguna norma. Por último, lamentan el conflicto con los vecinos y aseguran que se han visto involuntariamente agredidos por personas que hasta han vandalizado su propiedad y agredido en su buen nombre con mensajes a todos los vecinos.




( El Observador - La Nación)