Si bien considera que esta modalidad generó empleo para los jóvenes, la tarea tiene alto riesgo de vida para quienes la cumplen.
Por eso se preguntó si estos repartidores cuentan con seguro de vida, si están registrados como empleados o como repartidores independientes, y si existe un registro de los vehículos que utilizan ante la Intendencia de Maldonado, entre otras interrogantes.
A su juicio es “imperiosa” la necesidad de que los diferentes organismos se unan para definir y reglamentar la operativa. Para esto, propuso generar “un foro” con comerciantes, repartidores, autoridades de Movilidad Urbana, de los municipios, la Unasev, el Ministerio de Trabajo, los ediles y los diputados de Maldonado, que podría desarrollarse en el ámbito de la Junta Departamental.
“No se trata de un problema de tránsito, sino de plantear un compromiso para mejorar la actividad. De escuchar aportes y datos de las partes para legislar”, dijo Noguera.
mr