Hasta ahora las intendencias cumplían esa tarea; se fijan multas por incumplimientos de 10 a 100 mil Unidades Reajustables.
El crecimiento que tiene Maldonado a nivel de la construcción, al igual que algunos puntos de la zona metropolitana, trae de la mano una situación que genera un impacto a nivel ambiental: la generación de residuos de obras. Ya sea por construcciones o demoliciones, esos materiales se descartan y terminan engrosando la cantidad de residuos en distintos puntos del país, al punto tal que en algunos departamentos alcanzan al 30% del total de la basura que se genera.
Por eso, el gobierno promulgó un decreto para que los residuos de obras reciban un tratamiento específico, donde se involucra a los desarrolladores para que participen del reciclaje o destino final de esos materiales, indicaron la semana pasada autoridades del Ministerio de Ambiente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.
El director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente Alejandro Nario explicó que ese tipo de residuos tienen un impacto directo en los gobiernos departamentales. “Los residuos de obra y construcción, que están en el entorno de un 30 % en peso, que son un componente importante, sobre todo en las intendencias del área metropolitana y de Maldonado, y que estarían dejando de llegar”, dijo Nario, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió FM GENTE.
Las autoridades recordaron que en Uruguay existe una ley vinculada al tratamiento de los residuos en general, que se ha ido ajustando en función de los distintos cambios en la materia, y también incorporando elementos que no se consideraron en ese momento.
En ese sentido, Mallo dijo: “el decreto de residuos de construcción y demolición es una de las corrientes que estaba pendiente, con un volumen muy importante de generación en toda la actividad de la construcción; con una alta generación en el área metropolitana, y con un impacto muy fuerte en la vida útil de los sitios de disposición final”.
Con este decreto, dijo la jerarca, se cumple con el cometido de la ley que faltaba reglamentar, que consiste en que los responsables de la generación de estos residuos son quienes deben ocuparse de ellos. “Con este decreto se saca del ámbito de las intendencias; ya estaba establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos que la responsabilidad era de los generadores, pero faltaba la reglamentación”, explicó.
Mallo dijo que en la elaboración del decreto se trabajó con distintos sectores, “sobre todo con las gremiales de la construcción, justamente para poder potenciar, después, la generación de capacidades y lograr una circularidad de materiales en la construcción, para disminuir el consumo de recursos naturales”.
Qué dice el decreto
El decreto promulgado el 20 de octubre con la firma del presidente Yamandú Orsi y los ministros de Ambiente, Transporte y Obras Públicas y Vivienda, consta de 34 artículos y establece que hay una necesidad de reglamentar la adecuada gestión de los residuos de obra, que representa “una parte significativa de los residuos que se generan a nivel nacional”.
Según las autoridades, en el marco del Plan Nacional de Gestión de Residuos “se identificó la gestión de esos residuos como corriente prioritaria para actuar, con la finalidad de desalentar la disposición final en sitios destinados a residuos domiciliarios”.
Un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno central, intendencias, representantes del sector privado, de la academia y organizaciones sociales trabajaron en encontrar alternativas, que quedaron plasmadas en el decreto.
El decreto señala que “las obras de construcción, reforma o demolición deberán minimizar la generación de residuos y gestionarlos promoviendo su valorización, de manera que no se afecte el ambiente” y que la medida se aplicará tanto al sector público como al privado.
La nueva reglamentación establece que quedan excluidas “las obras menores de reparación doméstica que se realicen en viviendas unifamiliares o locales comerciales, con un área inferior a 250 m2”, si no incluyen la demolición total de la infraestructura edilicia existente.
En el articulado se sostiene que se debe priorizar la sustentabilidad de los materiales de construcción, para promover la economía circular y el reciclaje.
Otro de los artículos establece que el generador de los residuos deberá tomar medidas para minimizar la generación de residuos, reutilizar materiales para disminuir el consumo de recursos y realizar por sí o terceros las operaciones de gestión de residuos a través de empresas que cumplan con los requisitos habilitados en el decreto. Cuando corresponda, se deberá implementar un sistema de trazabilidad de esos recursos, según lo establecido por el Ministerio de Ambiente.
La recolección y el transporte de los residuos solo podrán hacerlo empresas autorizadas que cumplan con determinadas disposiciones previstas en la normativa, y aquellas obras que soliciten un permiso de construcción deberán presentar su plan de tratamiento de residuos.
El decreto también establece la manera en que se deben preservar los residuos hasta su traslado final y fija pautas acerca de cómo deben tratarse los materiales en las demoliciones, como forma de agruparlos de acuerdo a sus características, lo que podría permitir un uso posterior.
La reglamentación, por otra parte, dispone cómo se deben tratar los residuos peligrosos y aquellos que se encuentran en predios contaminados, y fija sanciones y multas para quienes incumplan la normativa, que pueden ir de 10 a 100 mil Unidades Reajustables, de acuerdo al grado de incumplimiento de la norma.
El decreto también fija los plazos en los cuáles las obran deberán ir adecuándose a la normativa -ya sea porque van a presentar el pliego o porque ya se encuentran trabajando- y establece que los controles se harán en coordinación del Ministerio de Ambiente y los gobiernos departamentales.
Foto: Obra en construcción/Ministerio de Trabajo
20 Nov 2025
13:36
