El Poder Ejecutivo resolvió modificar el criterio con el que se calcula el tope anual de aportes al Fonasa.
Una avioneta sobrevuela Punta del Este con un cartel que dice “¿Fonasa choreo? No… JRRP”, una consigna que pone en el centro de la mesa el malestar por los cambios que el gobierno introduce en el sistema de devoluciones del Fondo Nacional de Salud y que impactan en los ingresos de miles de trabajadores.
El cartel y la avioneta se da luego de que el Poder Ejecutivo resuelve modificar el criterio con el que se calcula el tope anual de aportes al Fonasa. A partir de este ajuste, unas 155.000 personas se ven alcanzadas por una reducción o eliminación de las devoluciones que hasta ahora recibían, aunque sin que cambien las tasas de aporte mensuales, que se mantienen entre el 3% y el 8% según ingresos y cargas familiares.
El núcleo del cambio está en la actualización del llamado Costo Promedio Equivalente, un valor teórico que estima cuánto le cuesta al Seguro Nacional de Salud la atención de cada beneficiario a lo largo de su vida. Ese costo pasa de $4.737 a $6.693 mensuales, un incremento del 39%, lo que eleva el tope anual a partir del cual el sistema devuelve aportes: de unos $71.000 a más de $100.000.
En la práctica, esto implica que entre 60.000 y 70.000 trabajadores que hasta ahora superaban el tope y recibían devolución dejan de hacerlo, mientras que otros 85.000 continúan percibiéndola, pero por montos menores. Aunque el decreto comienza a regir en 2026, el efecto concreto en los bolsillos se ve en 2027, cuando se liquiden las devoluciones correspondientes a los nuevos topes.
Desde el gobierno se sostiene que el cambio responde a una corrección técnica y no a un recorte discrecional. Las autoridades explican que el costo del sistema estaba subestimado y que, como consecuencia, el Fonasa devolvía más dinero del que correspondía en relación a las prestaciones que efectivamente brinda. Aseguran además que el déficit del sistema supera los US$ 820 millones y que todos los años debe ser cubierto con fondos de Rentas Generales.
Con la modificación, el Estado reduce en torno a un 10% el dinero que transfiere al Fonasa para cubrir ese desfasaje, sin aumentar los recursos que reciben las mutualistas ni alterar las cápitas que se pagan por usuario según edad y sexo.