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En una exposición ante la Junta Departamental, Garlo dijo que “a gran mayoría de las y los vecinos de Maldonado ‒y a esta altura de gran parte del país‒ saben que el intendente Antía compró un sistema de cámaras de videovigilancia en más de U$S 20.000.000 de forma directa, sin procedimientos de transparencia en la contratación y en forma secreta, ocultando la información durante más de un año, hasta que la Justicia lo obligó a entregarla”.

“SERIA Y PROFUNDA INVESTIGACIÓN”

“El tema de las cámaras ha adquirido un nuevo giro en estos últimos días, después de que el semanario Brecha publicara en su edición del pasado viernes un artículo titulado ‘Camarillas: el opaco negocio de la videovigilancia en Maldonado’. Esta muy seria y profunda investigación de Brecha, demuestra varias aristas mucho más complejas que las que nos imaginábamos en un principio. Es por eso que nos preguntamos qué pasa con nuestros dineros”, expresó.

“Resulta que el proyecto Ciudades Inteligentes, del que tanto ha hablado el Partido Nacional en esta sala, no fue iniciativa del intendente Antía ni de su equipo, sino que se gestó en 2014 por la comunidad israelita de Punta del Este – Maldonado (Cipemu), presidida en ese entonces por el empresario Rolando Rozenblum, y con el apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado, presidida por José “Pepe” Pereyra. En esos orígenes –consigna Brecha– se contrató a la empresa NOA Security Solutions, también de origen israelí, para diseñar un proyecto de videovigilancia para Maldonado y Punta del Este, el que luego fue presentado a buena parte de los candidatos a la Intendencia de todos los partidos políticos”, indicó.

También apuntó que, “según informa Brecha, lo cual corroboramos, Rolando Rozenblum, quien presidía – como dijimos– la colectividad israelita de Punta del Este y quien a su vez se jactara públicamente de ser el –textuales palabras– ‘catalizador e impulsor del proyecto de videovigilancia’, financió parte de las campañas electorales de, por lo menos, dos candidatos a la Intendencia del Partido Nacional, según surge de las rendiciones de cuentas de estos candidatos ante la Corte Electoral. Uno de ellos –de esos dos candidatos del Partido Nacional– es el intendente Enrique Antía, defensor del proyecto de videovigilancia y quien finalmente lo concretara en este período de gobierno, con quien Rozenblum colaboró con la suma declarada de $106.000 a través de su sociedad Damertir S.A.; uno de los aportes más importantes a la campaña electoral del actual intendente Antía. Todo según las rendiciones de cuentas inscriptas, registradas en la Corte Electoral”.

“De la información que la Justicia obligó a la Intendencia a entregarnos –esa información que se mantuvo en secreto durante más de un año– surge un informe del arquitecto Chiacchio –director de Planeamiento de la Intendencia– y una carta del general retirado Michel Ben-Baruch, director del Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel –el Sibat‒, enviada a la Intendencia a través de la Embajada de Israel en Uruguay. En estos dos documentos del año 2016 se establece que ha sido el Gobierno de Israel el que ha decidido que la contratación por las cámaras debe hacerse con la empresa Elbit Systems Limitada. Es el Sibat el que le dice al intendente Antía que debe contratar a Elbit Systems en el marco del convenio entre Uruguay e Israel. Es el Gobierno de Israel el que le dice al intendente Antía que en el marco de ese convenio debe contratar a la empresa Elbit Systems Limitada, según surge de los expedientes que la Intendencia nos entregó después de que la Justicia lo obligara a hacerlo”, agregó.

LA EMPRESA NOA

Tras un extensa exposición sobre el tema, Garlo se preguntó si la empresa NOA tiene vinculación o no con “el negocio de las cámaras de videovigilancia de Maldonado esta empresa NOA? En definitiva, ¿quién decidió que la Intendencia tenía que contratar con Elbit Systems Limitada por más de U$S20.000.000? Porque de todo esto que expusimos no queda del todo claro”, señaló.

Por otra parte, indicó que “la Intendencia de Maldonado autorizó, entonces, a la Embajada de Israel a utilizar el Centro de Monitoreo ‒que es costeado por todas y todos nosotros, que pagamos el impuesto para las cámaras creado por el Partido Nacional‒ como vidriera para promocionar sus capacidades en otros países latinoamericanos. Claramente, los artículos de prensa y entrevistas realizados en esa reunión oficiaron como piezas publicitarias de las empresas israelíes Elbit Systems Limitada y NOA Security, demostrando, además, que ni la Intendencia tiene claro el rol de esta última en el proyecto de videovigilancia”.

“La Intendencia de Maldonado, que nos cobra el impuesto por las cámaras con la contribución inmobiliaria, es quien se responsabiliza del Centro de Monitoreo y del proyecto global de videovigilancia. Entonces, ¿cómo puede ser que el intendente Antía permita que un Estado extranjero use ese lugar público ‒que está vinculado a la seguridad, que debe tener determinadas reservas, justamente por la sensibilidad que significa el tema de la seguridad pública‒ para promocionar a empresas extranjeras vinculadas al negocio de la seguridad? ¿Para eso se han gastado más de U$S 20.000.000, para usarlos de vidriera?”, inquirió.


Por otro lado, del informe del arquitecto Chiacchio que mencionábamos surge que el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel, el Sibat, es el encargado de acompañar, monitorear y auditar el proyecto de videovigilancia en Maldonado, a satisfacción de la Intendencia.

NO HAY DATOS CERTEROS DEL “ÉXITO”

“En el diario El País, el intendente Antía habla del exitoso sistema de videovigilancia. Se ha afirmado una y otra vez el éxito del sistema de videovigilancia, pero hasta el momento no tenemos datos certeros, como el propio Ministerio del Interior lo dijo en una contestación a un pedido de informes de un diputado del Frente Amplio: que todavía no se podía evaluar el sistema debido a que no estaba completamente instalado. Por esto que planteábamos, no tenemos certezas de que ese éxito sea tal”, subrayó.

“El tema de la seguridad es uno de los que nos tiene más preocupados, creo que a todas y todos, y es por ello que desde el MPP hemos mantenido reuniones muy frecuentes con el ministro Bonomi y con el Comando de Jefatura de Maldonado, que viene trabajando muy bien, desarrollando determinadas acciones concretas, con propuestas concretas. Hemos tenido un ida y vuelta de traslado de inquietudes y de posibles soluciones a los problemas, porque no es que nosotros busquemos el fracaso de la política de la seguridad pública. Creo que todos estamos embarcados en este mismo viaje de transitar un camino mejor para la convivencia; una convivencia más saludable y armónica”, precisó.

“El ministro del Interior acordó con alcaldes de Municipios de Montevideo que particulares privados puedan comprar cámaras, colocarlas e incluirlas en el sistema de monitoreo global del Ministerio del Interior en Montevideo. Acá, en Maldonado, los vecinos vienen y nos plantean que quieren hacer lo mismo; van a la Jefatura de Policía, le mandan cartas al jefe de Policía preguntando si, en el caso de que ellos compren las cámaras, las pueden incluir en el Centro de Monitoreo, pero la Intendencia no lo permite. El jefe de Policía traslada este pedido al intendente y la Intendencia no puede aceptarlo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, en el convenio, en el contrato firmado con Elbit Systems se establece que no se pueden incorporar cámaras que no sean las que vendió la empresa”, expresó.

“SISTEMA CERRADO”

Garlo señaló que, “entonces, ese sistema está cerrado al paquete que la empresa vendió; es un negocio redondo, claramente. Si los vecinos quieren comprar cámaras ‒hay muchas zonas de Maldonado que no las tienen y que pagan el impuesto igual‒, no las pueden incorporar al sistema de monitoreo porque la Intendencia acordó que no puede ser de esa manera”

“El negocio de las cámaras de Maldonado es mucho más complejo de lo que se pensaba en un principio e involucra a muchos más actores, actores muy cercanos al intendente Antía, al Partido Nacional y a grupos de poder muy fuertes”, aseguró el edil frenteamplista.