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Faroppa aseguró que los temas de seguridad ciudadana se han ubicado “de una manera muy destacada” en recientes procesos electorales tanto de países europeos como regionales. A modo de ejemplo citó la campaña que llevó a Sarcozy a la presidencia de Francia, la campaña de Berlusconi en Italia, el debate en España entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

“Es un tema importante, la gente ve afectada su calidad de vida en un contexto de inseguridad y es bueno que el sistema político lo tome como un tema central”, dijo. No obstante, consideró que “muchas veces algo que puede ser muy sano para el desarrollo de la institucionalidad democrática y la generación de mayor confianza entre el sistema político y la población, a veces se pasa un poco de rosca”.

Faroppa advirtió que en esos casos “se corre el riesgo de caer en situaciones de manipulación del temor de la gente a ser víctima de la delincuencia o de un hecho de violencia para generar pequeños réditos electorales. Pero la gente es muy inteligente y sabe separar la paja del trigo en estos temas”.

SENSACIÓN TÉRMICA

El ex subsecretario también dijo que si alguien pensó que hablar de “sensación” de inseguridad frente a la inseguridad real era decir que el delito no existía, entendió mal. “Son dos dimensiones diferentes, a tratar con la máxima seriedad y responsabilidad, pero con elementos técnicos diferentes. Muchas veces los delitos pueden subir o bajar o mantenerse, pero la población se siente más segura o más insegura, dependiendo de muchos factores”, indicó.

Añadió que el problema de la inseguridad de acuerdo a cómo la gente lo vive en este momento debe ser “enfrentado y tratado con el máximo vigor” por parte de las autoridades, sin promesas fáciles ni respuestas mágicas, ni prometiendo resolver el problema en equis cantidad de días. “La gente reclamará qué fue lo que pasó y no es sano generar estos niveles de falta de credibilidad o de confianza en aquellos que tienen que tomar decisiones políticas”, opinó.

LEY DE HUMANIZACIÓN

Sobre la ley de Humanización de Cárceles, el ex jerarca del Interior recordó que en su momento discrepó con la oportunidad de aplicarla pero en modo alguno la entiende como un fracaso. “Le faltó una mejor comunicación para la población, informar un poco más de cuáles eran los objetivos que se estaban buscando. Y, seguramente, incorporar esta ley dentro de un conjunto de medidas relacionadas con el combate del delito y de las situaciones de violencia”, opinó.

De todas formas, subrayó que el nivel de reincidencia de las personas amparadas por la ley es menor que el de las que no estuvieron amparadas. “Se trató de un grupo de personas que estaban a punto de salir de libertad, simplemente se utilizó la ley como un mecanismo para facilitar el tránsito de personas dentro del sistema penal. Pero era solamente una herramienta, un instrumento más que debe ser complementado con otras intervenciones en materia carcelaria”, explicó. En este sentido, Faroppa dijo que falta “una profunda reforma en la institucionalidad del sistema de privación de libertad y construir los establecimientos que se necesitan para que la situación de las personas privadas de libertad permita la realización de las acciones técnicas tendentes a darles una nueva oportunidad”.

Para demostrar la efectividad de la ley, recordó que entre 1990 y 2004 se produjo el momento de mayor crecimiento de la población carcelaria: 155%. En ese mismo período las rapiñas se incrementaron en un 176.6%. “Fue la etapa reciente de la historia del país donde la rapiña creció de forma más marcada. El aumento de las penas, la disminución de beneficios de salida anticipada, llevaron a un caos en el sistema penitenciario. Además, esas medidas no lograron disuadir a las personas de continuar delinquiendo”, recordó.
Esto implicó un nivel de hacinamiento estructural y la ley de Humanización pretendió realizar una primera medida para contener ese crecimiento. “Se logró a medias, había que tomar medidas para intentar detener el crecimiento de la población carcelaria. No fue una solución mágica, porque los problemas de inseguridad no se basta una sola ley”, señaló Faroppa.

El ex ministro postula que el Estado ofrezca herramientas a las personas que delinquen por primera vez, para evitar la reincidencia. A quien ya está en el circuito del delito, el Estado tiene que dar una respuesta diferente. “Con esta población es con la que lamentablemente deberá seguir enfrentándose la policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario”, vaticinó.

PROPUESTA EN SEGURIDAD

Consideró que es una propuesta integral y equilibrada, que establece cómo seguir mejorando el aspecto operativo y que además incorpora aspectos de tipo normativo. Recordó que en este gobierno se aprobó la ley de procedimiento policial, que pese a ser discutida es una norma para amparar los procedimientos de los policías y dar a los ciudadanos las garantías sobre los límites de la policía.
También relató que hay medidas urgentes relacionadas con la respuesta inmediata ante un delito, pero otras que apuntan a disminuir la cantidad de personas que puedan caer en la espiral de la vida delictiva.

Explicó que antes de la ley de procedimiento policial, no estaban previstas situaciones como los controles de vehículos que hacen los policías, ni el cacheo, ni criterios para el uso de las armas de fuego, grados de aplicación de la fuerza, procedimientos de detención, etcétera. “Fue una ley que se hizo en permanente consulta con las jerarquías policiales, una ley reclamada por muchísimos años que nunca ningún gobierno había trabajado y que logró el gobierno del FA. Puede ajustarse o corregirse, pero es fundamental para que el funcionario policial pueda actuar con las seguridades del caso y para dar garantías a los ciudadanos”, consideró.

MINORIDAD INFRACTORA Y PASTA BASE

Faroppa consideró que las drogas son un problema de Salud Pública que, combinado con factores personales de los individuos, puede generar problemas delictivos o hechos violentos. En ese sentido, dijo que el Estado debe combatir este problema primero combatiendo la oferta y luego pensar en la disminución de la demanda o los efectos de la sustancia sobre las personas.

En cuanto al combate a las drogas, recordó que en esta administración hubo un récord de incautación de cocaína. También respondió a la oposición se dice acusa al gobierno de falta de autoridad y respaldo a la Policía. “Las personas detenidas por delitos vinculados con drogas pasaron de 1.215 en 2005 a 2.289 en 2008, con un alto porcentaje de procesados. De 353 en 2005 pasamos a 667 en 2008”, detalló, y prometió continuar esta política de combate y también la de la Junta Nacional de Drogas para atacar la demanda. La estrategia del FA, en este sentido, es el trabajo en red entre organismos estatales y departamentales.

Sobre los menores de edad que infringen la ley, consideró que hablar de bajar la imputabilidad es “un error técnico”, en tanto hay un proceso específico con privación de libertad que se le aplica a personas menores de 18 años. Añadió que hay proyectos de ley que están a estudio del Parlamento, que hay que ajustar y llevar adelante. “Ahora proponemos que las medidas de privación de libertad de los adolescentes estén a cargo de un instituto que esté por fuera de la órbita del INAU. Proponemos crear un instituto único que se haga cargo de la privación de libertad de los adolescentes y de los adultos, aunque con establecimientos separados y personal por separado”.

Admitió que existe una falla con las fugas de menores del INAU, pero sostuvo que “no es una falla normativa y no se resuelve milagrosamente cambiando la ley. La ley es una herramienta importante pero hay que tener en cuenta las prácticas institucionales que muchas veces no aplican adecuadamente la ley”.