Abogado de la familia del repartidor fallecido en El Tesoro afirmó que "las pruebas fílmicas son contundentes" y adelantó que habrá "novedades muy próximas"

El abogado Sebastián Serrón Bon, que representa a la familia del repartidor de 20 años que murió el pasado miércoles 1 en un siniestro de tránsito en El Tesoro, sostuvo que el material audiovisual incorporado a la causa es el elemento más firme de la investigación y adelantó que espera definiciones en los próximos días.

Serrón Bon explicó este martes 21 a la Página Central de la Revista de FM GENTE que la Fiscalía solicitó las pericias al Gabinete de Accidentología Vial de la Dirección Nacional de Policía Científica para reconstruir el momento del impacto y determinar responsabilidades.

"Nosotros ya tenemos una teoría del caso, como decimos los abogados, de que hay una conducta al menos imprudente o con impericia de la conductora del vehículo", expresó. "Las pruebas fílmicas son contundentes en ese sentido", afirmó.

Consultado por los plazos, mencionó el volumen de trabajo que maneja el gabinete de accidentología a nivel nacional, pero sostuvo que las fiscalías de Maldonado actúan "con celeridad". "Creemos que va a haber novedades muy próximas", indicó.

Explicó que cuando se trata de un homicidio culposo y la persona investigada no tiene antecedentes difícilmente se llegue a una pena de cárcel, y que lo habitual es una condena con libertad a prueba. "Es muy difícil que haya prisión en un accidente", sostuvo.

Vinculó ese punto con el peso que tienen hoy los procesos abreviados, el mecanismo por el cual el imputado acuerda con Fiscalía los hechos, el delito y la pena, y el juez aprueba. Citó datos de la Asociación de Abogados Penalistas según los cuales el 98% de las causas penales se resuelve por esa vía y solo el 2% llega a juicio oral.

Consideró que se trata de una herramienta útil frente a la sobrecarga de las fiscalías, pero planteó que "hay que ver qué participación puede tener el juez, si el juez realmente debe ser un mero homologador", mencionó.

En cuanto al crecimiento de las estafas y los ciberdelitos, Serrón Bon planteó que la pena máxima prevista para la estafa, de cuatro años, resulta baja frente al daño que produce, y la comparó con la de la rapiña, que llega a 16.

"Yo creo que la estafa tiene un delito de cuatro años muy pequeño para el daño que causa", afirmó, y recordó que hubo intentos de proyectos de ley para elevar las penas.