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Cuando el Poder Ejecutivo promulgue la ley de presupuesto, las investigaciones de este tipo de actividades ilegales comenzarán a correr por cuenta de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

Baldomir explicó que lo que cambia es el ente que ejerce los controles, la AIN se veía desbordada ya que no se enfocaba únicamente a esto sino que tenía diversas actividades. Por tanto cuando las investigaciones pasen a la órbita de la secretaría el control será más específico y efectivo.

Baldomir señaló que un estudio establece que el 30% de las operaciones de lavado de dinero se realizan a través de la compra de inmuebles pero contrastó con el ejercicio 2014 donde hubo un solo reporte de operaciones sospechosas en inmobiliarias.

Expresó que las inmobiliarias deben tener los procedimientos y políticas establecidos en un manual y todos los empleados deben conocerlos y estar capacitados. Además se debe tener un conocimiento del cliente para poder detectar las operaciones sospechosas. Por otra parte deberán tener la debida diligencia ampliada en caso de que los montos sean superiores a los que dicen la norma. Aunque no se exige una persona específica dedicada a cerciorarse del cumplimiento de las políticas anti lavado de activos todos deben tener conocimiento.

En cuanto a las sanciones antes se realizaban previo informe del Banco Central pero a partir de esta norma la autonomía la tiene la Secretaría.