Colonia, Canelones, Maldonado y Rocha fueron los departamentos del interior más considerados en la investigación: en las compraventas hay un 61% de informalidad y en alquileres de temporada, hay un 80% de alquileres informales. Este último guarismo era “lo que manejábamos, estaba dentro de lo que pensábamos”, remarcó Bistiancic.
Añadió que en Maldonado opera aproximadamente una tercera parte de las inmobiliarias del país, alrededor de 400, por lo cual consideró “muy valiosa” la aprobación de una ley que proteja al sector. Remarcó que si bien los inmobiliarios no quedarán totalmente a resguardo, quienes operan en negro sabrán que hasta pueden ir a la cárcel.
El anterior proyecto de Corredor Inmobiliario sólo consideraba multas para las personas que operen en forma clandestina, pero ahora se agrega la cárcel, rescató Bistiancic. “Lo importante es que la persona tenga la certeza de que, si trabaja en negro, va preso”, enfatizó.