El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría sostuvo que si hay temas presupuestales, algunos vinculados con alquileres que hacen que se tenga que suprimir sedes judiciales en el Interior, las intendencias podrían dar algún tipo de respuestas para abatir costos.
Facebook
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WhatsAppEl diputado sostuvo que hay juzgados que son absorbidos por otros que están a 140 km y en el caso puntual del cierre de la sede judicial de Piriápolis, la que quedará con competencia (Pan de Azúcar) está a 12 kms del balneario.
Como se informó, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió suspender la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 de reorganización de comunidades geográficas (divulgada mediante Circular nº 92/2021 del 19/ago/2021) que tenía la finalidad de optimizar “los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes”.
La decisión se funda en la existencia de "posturas publicitadas por diferentes actores institucionales" que dan mérito al interés del Poder Judicial de "abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales".
Contexto
La Acordada Nº 8119, comunicada por Circular Nº 92/2021, de 19 de agosto del corriente año, dispuso la reorganización de comunidades geográficas de los Juzgados de Paz del Interior.
La decisión se fundó en el déficit presupuestal generado al Poder Judicial desde el 2005, que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que requiere una continua política de abatimiento de costos.
En particular, para las sedes mencionadas (en en el caso del departamento de Maldonado, Piriápolis) se consideró la baja carga de trabajo jurisdiccional que posee, así como el traspaso de sus funciones de Registro de Estado Civil al Ministerio de Educación y Cultura a partir del 1º de enero de 2022.
La Suprema Corte de Justicia argumentó la “necesidad” de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género (Ley Nº19580).
En el último proyecto de presupuesto, se solicitó la instalación de ocho nuevos Juzgados con la mencionada competencia en el interior del país (también seis en la capital); pero sólo se habilitaron por el art. 542 de la Ley Nº 19924 tres Juzgados en el interior, sin cubrirse los costos de locales, gastos de funcionamiento ni retribuciones para los cargos funcionales necesarios. No obstante ello, se dispuso su vigencia con fecha 1º de julio de 2021.
La Corte entendió “imposible” instalar los juzgados mencionados con el actual marco presupuestal, por lo que se envió al Parlamento un proyecto de ley a fin de prorrogar la misma para el 1º de julio de 2022, sin haber obtenido.
19 May 2025
16:50
