El abogado consideró que, “derogar en monopolio de exportación, importación y refinado de petróleo crudo y derivados”, implica, desde el punto de vista social, jurídica, económico y con COVID-19, “un cambio de paradigmas enorme”.
Destacó que gran parte del costo de las empresas y los consumidores “es el combustible”.
Bonet indicó que el proyecto no excluye a ANCAP, sino que la pone en un régimen de competencia, como ocurre con ANTEL, por ejemplo, a nivel de la telefonía celular.
No obstante, precisó que el rubro de ANCAP incluye aspectos tales como la logística, ambientales, tributarios, económicos y hasta la minería, entre otros. “Es una modificación que tiene un impacto bastante importante” también en sectores de la “producción, los consumidres y la venta de los combustibles”, añadió.
El director de Deloitte indicó que el proyecto encarga al Poder Ejecutivo, que deberá actuar con un ente regulador, la URSEA, la reglamentación de la normativa y la preparación, en etapas, de ANCAP para la competencia.
Explicó que el combustible tiene incidencia, asimismo, en aspectos de seguridad, por lo que quienes presten el servicio tendrán que “cumplir determinados requisitos”, incluso hasta con el origen del petróleo que se importe.
“Pero eso no implica cambiar la desmonopolización. Implica añadirle medidas que aseguren algo tan importante como es el combustible y el petróleo”, aclaró.
Indicó que no tiene “una posición formada” si el hecho de delegar la instrumentación de estos aspectos de la eventual ley al Poder Ejecutivo es inconstitucional o no. “SI me apuran, y me dicen: ‘hoy vence el plazo’ y tengo que hacer la demanda, no la hago. Para mí no es inconstitucional”, subrayó.
Destacó que gran parte del costo de las empresas y los consumidores “es el combustible”.
Bonet indicó que el proyecto no excluye a ANCAP, sino que la pone en un régimen de competencia, como ocurre con ANTEL, por ejemplo, a nivel de la telefonía celular.
No obstante, precisó que el rubro de ANCAP incluye aspectos tales como la logística, ambientales, tributarios, económicos y hasta la minería, entre otros. “Es una modificación que tiene un impacto bastante importante” también en sectores de la “producción, los consumidres y la venta de los combustibles”, añadió.
El director de Deloitte indicó que el proyecto encarga al Poder Ejecutivo, que deberá actuar con un ente regulador, la URSEA, la reglamentación de la normativa y la preparación, en etapas, de ANCAP para la competencia.
Explicó que el combustible tiene incidencia, asimismo, en aspectos de seguridad, por lo que quienes presten el servicio tendrán que “cumplir determinados requisitos”, incluso hasta con el origen del petróleo que se importe.
“Pero eso no implica cambiar la desmonopolización. Implica añadirle medidas que aseguren algo tan importante como es el combustible y el petróleo”, aclaró.
Indicó que no tiene “una posición formada” si el hecho de delegar la instrumentación de estos aspectos de la eventual ley al Poder Ejecutivo es inconstitucional o no. “SI me apuran, y me dicen: ‘hoy vence el plazo’ y tengo que hacer la demanda, no la hago. Para mí no es inconstitucional”, subrayó.
