La Policía y el Centro de Justicia de Maldonado carecen de intérpretes de Lengua de Señas (LSU). El caso concreto de una mujer sorda que denunció una violación pone de manifiesto cómo esta situación afecta el acceso a la Justicia.
El derecho que tienen todas las personas a acceder a herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos, es decir, el acceso a la Justicia, se puede ver vulnerado cuando se está en una situación de discapacidad.
Tal es el caso de una mujer sorda de 36 años que días atrás denunció una violación y no ha podido acceder a la medida de protección por su situación de discapacidad.
La mujer coordinó un encuentro para una sesión de fotos con un fotógrafo de 43 años, que “transcurrió normal”, hasta que compartieron dos cervezas. A partir de allí la chica no recuerda lo sucedido, declaró a FM GENTE el abogado de la víctima Leandro Arévalo. Cuando tomó conciencia, estaba en su apartamento con el hombre encima abusando sexualmente de ella. “Como puede se lo saca de encima y le dice que pare. Él ahí huye del lugar”, expuso Arévalo.
En la audiencia de rigor, donde se determinan medidas de protección en casos de denuncias de delitos sexuales, la jueza dispuso la colocación de tobillera electrónica, pero al ir a la Policía sin intérprete de lengua de señas hubo una barrera comunicativa que le impidió acceder a la medida.
“A la policía, con la mejor de sus intenciones, le pareció que la tobillera no sería lo mejor por el tema de que es sorda. Como no habría ningún dispositivo inclusivo para este tipo de casos, la fueron disuadiendo o explicándole que era mejor otra cosa, y claro, con la barrera comunicativa terminaron no poniéndole la tobillera”, detalló el abogado.
“La realidad es que la tobillera cuando suena, no es solo que suene y la llamen a ella, sino que suena para todos lados si se viola el radio. Es recontra disuasivo para el denunciado”, explicó Arévalo.
Ante esta situación, la defensa de la mujer presentó un escrito ante el juzgado para intimar la colocación inmediata del dispositivo. “Entendemos que es la manera de generar la mayor garantía, que además le permita a ella dentro de lo posible seguir con su vida tranquilamente”, señaló.
A partir de un pedido de acceso a la información pública, FM GENTE pudo saber que el Centro de Justicia de Maldonado no cuenta con intérprete de lengua de señas. De hecho, hay una sola en todo el país que reside en Montevideo.
Rosario Vilas, subdirectora del Instituto Técnico Forense (ITF) - órgano auxiliar de justicia cuyas principales funciones son organizar, dirigir, coordinar y controlar el correcto funcionamiento - informó en ese pedido que el ITF “cuenta actualmente con una intérprete gestual para cubrir las necesidades de todo el país”.
Esa única intérprete “asiste a magistrados del Poder Judicial y Fiscalía en toma de testimonio y audiencias, asimismo colabora en entrevistas periciales a nivel nacional”.
08 Jan 2026
20:20
