El presidente de la Junta Local de Solís, Walter Ortiz, radicó ayer una
denuncia penal sobre la presunta existencia de irregularidades en la
contratación de una cantera por parte de la administración del
intendente de Maldonado, Óscar de los Santos.
Ortiz, integrante del grupo CAP-L del Movimiento de Participación
Popular (MPP) presentó la denuncia en el Juzgado penal de 4° turno de
la capital fernandina.
Ortiz denunció tiempo atrás que la administración municipal había
contratado a una cantera para el acopio de material que no contaba con
el permiso correspondiente de explotación expedido por la Dirección
Nacional de Minería y Geología.
Los planteos efectuados por Ortiz no fueron de recibo para el
intendente De los Santos quien, por su parte, había presentado tiempo
atrás un pedido de destitución del edil, en la Junta Departamental de
Maldonado.
La destitución no pudo ser siquiera tratada en el plenario de ediles
habida cuenta de la fuerte resistencia que encontró entre ediles
propios y de la oposición.
La intendencia de Maldonado denunció por daño ante la justicia a un hombre que se construyó su propio acceso a su apartamento luego de ser realojado desde el asentamiento El Placer en un edificio de la avenida Aiguá en la ciudad de Maldonado. El hombre en cuestión dijo a las autoridades que lo notificaron de la situación que no entendía porque se armó tanto lío por la construcción que realizó.
En una exposición hecha en la Junta Departamental el edil Washington Martínez planteó que auditorías e inspecciones realizadas por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mostraron alteraciones en los menúes; existencia de facturas de compras que no coinciden con el stock al momento de la evaluación; listado de usuarios no autorizados ó con cédulas y nombres falsos, falta de registros (o parciales) y maltrato a los comensales en el comedor de Villa Delia.
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El 24 de abril el edil frenteamplista Diego Astiazarán advirtió sobre la constante compra-venta de viviendas sociales que se registran en ciertos barrios de Maldonado y recordó que, quien incurra en esa irregularidad, puede ir preso. Este martes el gobierno departamental adelantó que iniciará una campaña informativa y llevará los nuevos casos a la Justicia Penal.
