El presidente de la Junta Local de Solís, Walter Ortiz, radicó ayer una
denuncia penal sobre la presunta existencia de irregularidades en la
contratación de una cantera por parte de la administración del
intendente de Maldonado, Óscar de los Santos.
Ortiz, integrante del grupo CAP-L del Movimiento de Participación
Popular (MPP) presentó la denuncia en el Juzgado penal de 4° turno de
la capital fernandina.
Ortiz denunció tiempo atrás que la administración municipal había
contratado a una cantera para el acopio de material que no contaba con
el permiso correspondiente de explotación expedido por la Dirección
Nacional de Minería y Geología.
Los planteos efectuados por Ortiz no fueron de recibo para el
intendente De los Santos quien, por su parte, había presentado tiempo
atrás un pedido de destitución del edil, en la Junta Departamental de
Maldonado.
La destitución no pudo ser siquiera tratada en el plenario de ediles
habida cuenta de la fuerte resistencia que encontró entre ediles
propios y de la oposición.
El director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola señaló este lunes a FM Gente que no existe respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación ante las infracciones derivadas al Tribunal de Faltas. “Estamos recibiendo hoy por hoy cero respuestas desde el área de la Justicia”, sostuvo. En nota conocida hoy fiscalía establece por escrito tal situación.
El intendente Enrique Antía recibió en la tarde de este lunes a la Directora Mónica Bottero y acordó con la jerarca el aporte en técnicos que instruirán a la Dirección de Género para que tengan herramientas con las cuales actuar conforme a un protocolo que ya está establecido por el instituto y que dependerá de los casos que surjan. Esto tiene que ver con datos erróneos sobre mujeres violentas manejados por una técnica que fue cesada antes de iniciarse un taller que ahora quedó en suspenso.
El defensor de oficio, Pablo Piacenti, conversó con FM Gente y explicó la situación que atraviesan. Según Piacenti, está planteada una redistribución de los juzgados que afecta a los servicios, particularmente a la defensoría pública; lo calificó de “caótico”. Los juzgados que se encuentran ubicados en el edificio San Lázaro serán reubicados en otros lugares. “La defensoría dividida y hacinada”, indicó.
