El director del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, se refirió en una entrevista con la Página Central de la Revista a la situación denunciada por otro directivo del organismo: el desalojo de jubilados de los complejos habitacionales del BPS.
Ferrari aseguró que este tema no es un planteamiento habitual en el directorio, si bien reconoció que este asunto se ha planteado alguna vez de forma excepcional, enfatizó que el directorio, integrado por siete miembros, constituye el ámbito natural para abordar estas situaciones.
Ferrari explicó que la medida de desalojo se lleva a cabo cuando no se cumple con el reglamento exigido. “Se le da un documento con el reglamento, con la conducta que debe tener. Ha habido situaciones de personas que al fondo (del complejo) se construía un ranchito por ejemplo y eso no está permitido”, sostuvo.
“Si hay alguien que pone un taller o algo y empieza a tener una actividad remunerada se juntan los dos ingresos y supera el tope de 12 unidades reajustables, por lo tanto, no tendría derecho”, ejemplificó.
“Es decir, hay distintas razones (para el desalojo). En determinado momento no se podía tener animales hasta que un día eso se resolvió”, añadió.
El BPS otorga viviendas a jubilados y pensionistas que cumplan con condiciones socioeconómicas específicas, como no ser propietario de ningún bien inmueble y percibir bajos ingresos. El ingreso del beneficiario (y de las personas con las que convive) no puede superar el tope de 12 Unidades Reajustables (UR), poco más de $23.000.
Ferrari también señaló que en otros casos el BPS ofrece el traslado a un hogar de ancianos, programa denominado “Cupo Cama”. El costo total de la estadía está tasado en unos $48.000, el jubilado aporta hasta un máximo del 60% de su pasividad y el organismo cubre el resto del dinero necesario hasta llegar a esa cifra.
DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE BPS
El director también abordó en la entrevista con FM GENTE la digitalización de trámites que suelen resultar complejos para los jubilados, situación denunciada, por ejemplo, por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).
El sindicato calificó como un fracaso el nuevo sistema de renovación anticipada de préstamos del BPS, al denunciar que la modalidad obliga a realizar la gestión exclusivamente de forma digital a través de la web del organismo.
"Un fracaso" y jubilados que renuevan préstamos por $500: sindicato reclama por las dificultades que enfrenta esa población
“No hay ningún trámite que no se pueda hacer presencial”, afirmó Ferrari. “Hubo un detenimiento en la administración anterior, lo estamos retomando, tratando de que ese sector de la sociedad tenga contacto, tenga práctica, aunque alguno no lo quiera tener por voluntad”, añadió.
“Hay gente que dice `no, yo no quiero` y no usa un cajero automático en un banco, eso hay que respetarlo. Y en ese sentido, nosotros tenemos claro en el directorio que tenemos que avanzar porque el mundo avanza y la tecnología es parte de la reforma de la seguridad social”, argumentó.
“El mundo de trabajo cambia, por lo tanto, la seguridad social tiene que ir cambiando. Igual, hay generaciones todavía que no acompañan eso y las tenemos que atender”, señaló.
“En el BPS sí es cierto que se estimula para hacerlo en línea, no hacerlo presencial, hasta por la falta de funcionarios que tenemos. A veces depende de la falta de comunicación, depende también de cómo lo orientemos”, admitió.
TRANSFERENCIAS AL MIDES
Ferrari también fue consultado por cuestionamientos de directores del BPS - como el representante empresarial José Pereira y su asesor Gustavo Bermúdez – por el volumen de dinero que se "transfiere" o que indirectamente asume el BPS para financiar políticas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
“Cuando hay complementariedad entre los organismos y tiene el control el Tribunal de Cuentas, o el organismo que corresponda, no le veo ninguna irregularidad como para plantearlo como una cuestión de alarma”, respondió el jerarca.
“Por ejemplo, en la asignación familiar quien hará el relevamiento para ver la situación socioeconómica del grupo familiar y evaluar si está en una situación de vulnerabilidad es el Mides, pero el pago de la asignación familiar la va a hacer el BPS por el sistema de descentralización que tiene”, puntualizó.
En ese sentido, Ferrari también hizo referencia a la transición del Programa Ibirapitá desde el Plan Ceibal hacia la órbita del BPS. El jerarca explicó que el cambio tiene su origen en la Rendición de Cuentas aprobada en 2021 durante la pasada administración, instancia en la que el beneficio dejó de pertenecer al Plan Ceibal y pasó formalmente a la órbita del BPS, modificando además su denominación de "Plan" a "Programa Ibirapitá".
Hasta el momento de la transición definitiva, la gestión del personal técnico en campo se realizaba mediante un formato de triangulación administrativa. "Los funcionarios, los empleados, los técnicos que trabajan en el territorio eran funcionarios del Plan Ceibal y siguieron siendo funcionarios de ellos. Lo que hacíamos desde el BPS era transferirle el dinero a Ceibal para que pagara los salarios", puntualizó el director.
Sin embargo, este esquema llegó a su fin luego de que el Plan Ceibal resolviera formalmente retirarse de la liquidación de haberes y desvincularse del proceso. Según relató Ferrari, la dirección de Ceibal fundamentó su salida "con argumentos muy sólidos", sosteniendo que el programa enfocado en la tercera edad no se encontraba alineado con sus objetivos institucionales, abocados prioritarios a la educación y a la infancia. "Decía que ya no salía del todo, pero ya no cumplía con el procesamiento del salario", graficó.
El organismo asumió de forma definitiva la contratación del personal territorial del Programa Ibirapitá tras habilitarse la incorporación de 100 nuevos funcionarios dentro de su presupuesto oficial. La medida busca solucionar el vacío administrativo generado tras la desvinculación definitiva del Plan Ceibal y consolidar el beneficio como una política de Estado enfocada en el desarrollo digital de los adultos mayores.
“Nosotros creemos que es una necesidad, es una política de Estado. Estamos tratando de avanzar más en las aplicaciones más que en sólo repartir un equipo que puede ser la tablet o puede ser un teléfono y en ese sentido BPS tenía que asumir la contratación de ellos. En el presupuesto del BPS nos autorizaron a contratar 100 funcionarios. Ya terminaron de ingresar 86 a través de un concurso externo de oposición y méritos, y ahora en noviembre esperemos que puedan ingresar 30 que son personas con discapacidad”, detalló.
Ferrari aseguró que este tema no es un planteamiento habitual en el directorio, si bien reconoció que este asunto se ha planteado alguna vez de forma excepcional, enfatizó que el directorio, integrado por siete miembros, constituye el ámbito natural para abordar estas situaciones.
Ferrari explicó que la medida de desalojo se lleva a cabo cuando no se cumple con el reglamento exigido. “Se le da un documento con el reglamento, con la conducta que debe tener. Ha habido situaciones de personas que al fondo (del complejo) se construía un ranchito por ejemplo y eso no está permitido”, sostuvo.
“Si hay alguien que pone un taller o algo y empieza a tener una actividad remunerada se juntan los dos ingresos y supera el tope de 12 unidades reajustables, por lo tanto, no tendría derecho”, ejemplificó.
“Es decir, hay distintas razones (para el desalojo). En determinado momento no se podía tener animales hasta que un día eso se resolvió”, añadió.
El BPS otorga viviendas a jubilados y pensionistas que cumplan con condiciones socioeconómicas específicas, como no ser propietario de ningún bien inmueble y percibir bajos ingresos. El ingreso del beneficiario (y de las personas con las que convive) no puede superar el tope de 12 Unidades Reajustables (UR), poco más de $23.000.
Ferrari también señaló que en otros casos el BPS ofrece el traslado a un hogar de ancianos, programa denominado “Cupo Cama”. El costo total de la estadía está tasado en unos $48.000, el jubilado aporta hasta un máximo del 60% de su pasividad y el organismo cubre el resto del dinero necesario hasta llegar a esa cifra.
DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE BPS
El director también abordó en la entrevista con FM GENTE la digitalización de trámites que suelen resultar complejos para los jubilados, situación denunciada, por ejemplo, por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).
El sindicato calificó como un fracaso el nuevo sistema de renovación anticipada de préstamos del BPS, al denunciar que la modalidad obliga a realizar la gestión exclusivamente de forma digital a través de la web del organismo.
"Un fracaso" y jubilados que renuevan préstamos por $500: sindicato reclama por las dificultades que enfrenta esa población
“No hay ningún trámite que no se pueda hacer presencial”, afirmó Ferrari. “Hubo un detenimiento en la administración anterior, lo estamos retomando, tratando de que ese sector de la sociedad tenga contacto, tenga práctica, aunque alguno no lo quiera tener por voluntad”, añadió.
“Hay gente que dice `no, yo no quiero` y no usa un cajero automático en un banco, eso hay que respetarlo. Y en ese sentido, nosotros tenemos claro en el directorio que tenemos que avanzar porque el mundo avanza y la tecnología es parte de la reforma de la seguridad social”, argumentó.
“El mundo de trabajo cambia, por lo tanto, la seguridad social tiene que ir cambiando. Igual, hay generaciones todavía que no acompañan eso y las tenemos que atender”, señaló.
“En el BPS sí es cierto que se estimula para hacerlo en línea, no hacerlo presencial, hasta por la falta de funcionarios que tenemos. A veces depende de la falta de comunicación, depende también de cómo lo orientemos”, admitió.
TRANSFERENCIAS AL MIDES
Ferrari también fue consultado por cuestionamientos de directores del BPS - como el representante empresarial José Pereira y su asesor Gustavo Bermúdez – por el volumen de dinero que se "transfiere" o que indirectamente asume el BPS para financiar políticas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
“Cuando hay complementariedad entre los organismos y tiene el control el Tribunal de Cuentas, o el organismo que corresponda, no le veo ninguna irregularidad como para plantearlo como una cuestión de alarma”, respondió el jerarca.
“Por ejemplo, en la asignación familiar quien hará el relevamiento para ver la situación socioeconómica del grupo familiar y evaluar si está en una situación de vulnerabilidad es el Mides, pero el pago de la asignación familiar la va a hacer el BPS por el sistema de descentralización que tiene”, puntualizó.
En ese sentido, Ferrari también hizo referencia a la transición del Programa Ibirapitá desde el Plan Ceibal hacia la órbita del BPS. El jerarca explicó que el cambio tiene su origen en la Rendición de Cuentas aprobada en 2021 durante la pasada administración, instancia en la que el beneficio dejó de pertenecer al Plan Ceibal y pasó formalmente a la órbita del BPS, modificando además su denominación de "Plan" a "Programa Ibirapitá".
Hasta el momento de la transición definitiva, la gestión del personal técnico en campo se realizaba mediante un formato de triangulación administrativa. "Los funcionarios, los empleados, los técnicos que trabajan en el territorio eran funcionarios del Plan Ceibal y siguieron siendo funcionarios de ellos. Lo que hacíamos desde el BPS era transferirle el dinero a Ceibal para que pagara los salarios", puntualizó el director.
Sin embargo, este esquema llegó a su fin luego de que el Plan Ceibal resolviera formalmente retirarse de la liquidación de haberes y desvincularse del proceso. Según relató Ferrari, la dirección de Ceibal fundamentó su salida "con argumentos muy sólidos", sosteniendo que el programa enfocado en la tercera edad no se encontraba alineado con sus objetivos institucionales, abocados prioritarios a la educación y a la infancia. "Decía que ya no salía del todo, pero ya no cumplía con el procesamiento del salario", graficó.
El organismo asumió de forma definitiva la contratación del personal territorial del Programa Ibirapitá tras habilitarse la incorporación de 100 nuevos funcionarios dentro de su presupuesto oficial. La medida busca solucionar el vacío administrativo generado tras la desvinculación definitiva del Plan Ceibal y consolidar el beneficio como una política de Estado enfocada en el desarrollo digital de los adultos mayores.
“Nosotros creemos que es una necesidad, es una política de Estado. Estamos tratando de avanzar más en las aplicaciones más que en sólo repartir un equipo que puede ser la tablet o puede ser un teléfono y en ese sentido BPS tenía que asumir la contratación de ellos. En el presupuesto del BPS nos autorizaron a contratar 100 funcionarios. Ya terminaron de ingresar 86 a través de un concurso externo de oposición y méritos, y ahora en noviembre esperemos que puedan ingresar 30 que son personas con discapacidad”, detalló.
