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Sánchez recordó que el juicio se inició “por una norma que se aprobó en 2006, que establecía que, constatada una infracción de tránsito, el inspector tiene derecho a cobrar un 25% del monto total de la multa. La controversia judicial era sobre la interpretación y el alcance de este artículo. Nosotros manejamos que, constatada la infracción, con independencia de si paga o no la multa el infractor, la Intendencia debe pagar el porcentaje establecido. Y la Intendencia sostenía que no, que se debía abonar una vez pagada la multa por el infractor”.

Señaló que el juicio se ganó en primera instancia, se perdió en segunda y, finalmente, la Suprema Corte “se adhirió a la interpretación nuestra”, en tercera y última instancia.

El abogado dijo que tras este fallo “se presentó en el juzgado el momento que nosotros estamos seguro que se debe… Se habló mucho de lo abultada que era la liquidación presentada. Pero lo que pasa es que los inspectores aplican un promedio de dos mil multas por año. De esas, se pagarán unas 300, por ahí. El porcentaje de incumplimiento es muy grande. La mayoría de la gente hace convenio y, pagando la primera cuota se devuelve el vehículo. Por tanto, la mayoría pagaba la primera cuota y después no pagaba más…”, explicó.

Confirmó que la demanda se inició en 2012 respecto a la deuda que mantenía la Intendencia por no pagara el 25% de las comisiones de las multas aplicadas por los inspectores de tránsito a partir de 2008. El fallo condenó a pagar el período 2008 a 2012. Y luego estableció una condena a futuro, hasta ahora. “Por eso día a día se está generando la deuda”, indicó.

Por otra parte, también ratificó que de los 63 inspectores 17 reclaman cinco millones de pesos cada uno, 33 siete millones de pesos cada uno, ocho 409 mil pesos cada uno, tres 3.084.000 pesos cada uno, uno 6.792.195 y otro 2.628.709. La suma de estas cifras da 362.501.951 pesos. “Es así. Y ya se presentó la liquidación de sentencia en el Juzgado de 5to. Turno”, dijo.

“Ahora los vana a notificar del incidente de liquidación y van a tener un plazo de seis días para contestar. Después se va a fijar una audiencia y la jueza va a fijar el monto. Esperemos que sea el momento que uno presentó”, indicó.

Explicó que este inicio de liquidación de sentencia puede ser apelado. “A casación es difícil que vaya, porque la casación se basa en un errónea aplicación de la norma de derecho o errónea valoración de la prueba… Pero podría ser, porque el Estado tiene esa prerrogativa, a diferencia de los particulares”, admitió.

Sánchez estimó que, si no se llega a una transacción, este proceso demandará todavía “un año, o un año y medio”. Pero sostuvo que espera que pueda llegarse a un arreglo.

Consideró que, si la Intendencia no paga, se puede solicitar una intervención de la caja de la comuna. “Queda sujeto a lo que resuelva el juez, pero desde mi punto de vista se puede…Hay jurisprudencia que sostiene eso”, explicó.

Indicó que, hasta ahora, no tiene conocimiento de que otros inspectores de Maldonado vayan a presentar una demanda, tras conocerse este fallo.