La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay anunció un conflicto con el Estado por incumplimientos salariales, falta de personal y medidas que limitan derechos laborales. Advierten que oficinas podrían dejar de funcionar si no se atienden los reclamos.
La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) comunicó en las últimas horas que se declara oficialmente en conflicto. Según la organización, el Estado mantiene una deuda salarial con los funcionarios, incumpliendo una sentencia judicial que ordena incorporar ciertos conceptos al salario.
“El Estado sigue en deuda con los Funcionarios Registrales. Las previsiones para la próxima ley de Presupuesto siguen desconociendo el cumplimiento de la sentencia judicial favorable que tenemos y que exigimos se incorpore a nuestro salario, como ya lo dictaminó la Justicia en primera instancia, segunda instancia y en Casación”, señaló AFRU en un comunicado.
Entre los puntos centrales del reclamo, la Asociación exige la regularización del personal que ya trabaja en las distintas sedes registrales. “Compañeros que son indispensables para poder continuar brindando un servicio de calidad y que provea certeza jurídica para los usuarios”, agregan.
Otro eje del conflicto es la derogación de normativas que, según AFRU, afectan los derechos laborales. Mencionan el artículo 4 del decreto 362/2014, que obliga a los funcionarios a judicializar reclamos por tareas que no corresponden a su función original, y el decreto 310/2021, que limita nuevas contrataciones en un organismo que, de 500 funcionarios, hoy cuenta con menos de 200. “Muchos de ellos ya con causal jubilatoria”, resalta el comunicado.
Además, AFRU expresó preocupación por la continuidad de los servicios. “Es inminente que oficinas registrales queden sin funcionar a la brevedad. ¿Qué espera el Estado? ¿Actuar como lo hicieron con la Biblioteca? ¿Cerrar los Registros?”, se preguntan.
Daniel Frattin, dirigente de AFRU, dialogó en la Contratapa de la Revista de FM GENTE: “La ilusión de ser escuchados y tenidos en cuenta en un nuevo gobierno no tuvo efecto. Necesitamos nuevos ingresos, nueva gente. Estamos tocando fondo”.
En este marco, y por mandato de la Asamblea de Funcionarios Registrales realizada el pasado 11 de julio, se anunció el inicio de medidas de lucha que incluyen “paros sorpresivos”, “medidas distorsivas del funcionamiento” y la decisión de “no cerrar certificados ni documentos”.
“Nuestra agremiación siempre ha apostado al diálogo, presentado reiteradas propuestas y alternativas ante las distintas problemáticas que atraviesa la institución, no habiendo tomado ni Cultura, ni Economía, hasta el momento solución alguna”, concluye el texto.
