La realidad marca, sostuvieron Artola y Litman, que hoy, en EEUU, hay un antes y un después en el mercado inmobiliario. Por eso, estima el arquitecto, lo sucedido en Miami debe ser capitalizado "para prevenir y no curar".
Para Artola, Maldonado debe ser el "buque insignia" en cuanto a control edilicio y por eso, el proyecto no apunta a generarle costos extras elevados a las copropiedades. "Esto va a beneficiar a los copropietarios, porque tener una propiedad certificada será un plus", afirmó.
De hecho, Maldonado hay controles en cuanto al proceso de construcción, recordó el arquitecto Litman, pero una vez finalizada y entregada la obra, en los edificios sólo se hace mantenimiento y se verifican los ascensores. No hay control ni certificación de la propiedad luego de una inspección que revise los eventuales daños de la estructura o fallas.
La idea primaria, que será trabajada en la Junta con miras a que pase a la IDM, es que a partir de los 20 o 25 años de construido un edificio se haga una inspección de certificación y de allí en más cada 5 o 7 años. No obstante, estos plazos serán ajustados en el proceso de tratamiento del proyecto.
Si la inspección encuentra daños o fallas de estructura, se intimará a la propiedad a corregir o reparar. En este punto, Litman estima que las exigencias deben ser del primer mundo, lo que si bien podría encarecer la construcción del edificio, redundaría con menos desgaste, daños y fallas con el correr de los años.
"El primer testeo en un edificio, que asusta a los propietarios, son las rajaduras", dijo Litman y por allí "comienza el susto".
El proyecto parte con la expectativa de que se apruebe en Maldonado, pero también llevarlo al plano nacional. Para eso, el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, se sumó a la iniciativa y estudia su presentación en el parlamento.
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