Estos beneficios fiscales tienen su origen en octubre de 2015 cuando la administración Antía entendió que era una herramienta idónea para fomentar la inversión y crear puestos de trabajo. La ampliación es para personas físicas o jurídicas, que antes del 31 de diciembre de 2018, gestionen un permiso de construcción e inicien una nueva obra o amplíen una edificación existente, según el texto enviado a la Junta Departamental.
Para quienes se acojan a esta iniciativa, la comuna no tendrá en cuenta el aforo para calcular la contribución inmobiliaria u otros tributos hasta el 30 de junio de 2020.
Estarán también exoneradas del Retorno por Mayor Valor en un 100% las obras o ampliaciones que se generen en 2017. Para el año 2018 serán exoneradas del Retorno por Mayor Valor las obras o ampliaciones que se generen en 2018.
En el caso de las obras que se detuvieron al 31 de octubre de este año habrá beneficios siempre y cuando las empresas gestionen la renovación de los permisos de construcción y retomen las obras antes del 31 de diciembre de 2017.
La administración Antía advierte que se perderán los beneficios en caso de paralización de las obras por más de tres meses consecutivos, el no comienzo de las obras dentro de los seis meses posteriores a la aprobación del permiso, así como también frente a incumplimientos, en casos de exoneración parcial, del Retorno por Mayor Valor.
El pasado 15 de octubre de 2015, la Junta Departamental ya había aprobado, el primer proyecto de incentivos a la construcción enviado por el Ejecutivo Departamental.
Con esta ampliación la comuna continúa la línea de dar prioridad a la generación de mano de obra por encima de la recaudación.