La presidenta del organismo, Jimena Pardo, explicó en diálogo con FM GENTE cómo funciona el programa de soluciones habitacionales y qué ocurre cuando un beneficiario deja de cumplir las condiciones.
“El programa de soluciones habitacionales del BPS tiene tres puertas”, explicó Pardo.
Señaló que las personas deben inscribirse y cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es tener ingresos inferiores a 12 UR, que actualmente representan alrededor de $24.000 nominales.
“Estamos hablando siempre de jubilados o pensionistas por sobrevivencia, no personas que cobren, por ejemplo, pensión a la vejez o invalidez, que no son beneficiarios del programa”, aclaró.
Una vez que la persona se inscribe, se analiza su situación y se establece un orden de prioridad.
“Se lo barema y se lo pone en una lista de prelación en caso de que cumpla los requisitos”, explicó.
El BPS determina luego cuál de las tres modalidades de solución habitacional corresponde: vivienda en comodato, subsidio de alquiler o una solución vinculada a situaciones de dependencia.
“Una es la entrega de vivienda en comodato, que era la situación que tú referías; la otra es la posibilidad de un subsidio de alquiler; o la otra es, dependiendo la situación de dependencia de la persona, lo que se llama un cupo cama o un establecimiento de larga estadía”, detalló.
En Maldonado existen actualmente 10 complejos habitacionales del BPS, con más de 292 viviendas.
Pardo explicó que pueden surgir controles cuando una persona deja de cumplir las condiciones de ingreso o cuando se producen cambios en su situación personal.
“Puede ocurrir que ya sea por los ingresos, como tú decís, porque de repente la persona empieza a convivir con alguien más y supera los topes, o porque aparece algún otro ingreso que no estaba declarado”, señaló.
También pueden existir problemas vinculados a la convivencia.
“Nosotros también podemos tener denuncias del complejo, por ejemplo, de personas que tienen una situación de no convivencia en la mejor manera con los propios que viven allí en el complejo, o de situaciones de violencia que se pueden haber generado”, explicó.
Las situaciones son analizadas por las asistentes sociales del BPS en las distintas localidades.
“Estas situaciones las controlan las asistentes sociales de BPS en general en las localidades y, por esas vías, en general se pueden iniciar procesos de desalojo”, indicó.
Pardo aclaró, sin embargo, que no se trata de procedimientos inmediatos.
“Son lentos. No es que sea de un mes para otro; en general llevan años”, sostuvo.
De todos modos, puede iniciarse el proceso cuando existe falta de cumplimiento de los requisitos formales o situaciones de convivencia que se mantienen en el tiempo.
“Puede ocurrir que ya sea por falta de cumplimiento de los requisitos formales o por situaciones mismas de convivencia que se han ido dando en el tiempo, se puedan iniciar procesos de desalojo”, afirmó.
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