Hasta el momento, Fiscalía trabaja con cuatro familias damnificadas, pero no se descarta que puedan presentarse nuevas denuncias a medida que avance la investigación.
La maniobra comenzaba con la intervención de un hombre vinculado a la mujer ahora indagada. Este contactaba a familiares de reclusos primarios y les ofrecía la posibilidad de gestionar su libertad anticipada.
Posteriormente intervenía la mujer, quien se presentaba como psicóloga y aseguraba estar en condiciones de elaborar informes psicoforenses que serían remitidos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el objetivo de agilizar el trámite para obtener la libertad o, al menos, una medida de prisión domiciliaria.
Sin embargo, Fiscalía confirmó que la mujer no cuenta con un título universitario que la habilite como profesional de la psicología.
Los montos exigidos a las familias damnificadas oscilaban entre US$ 2.000 y US$ 5.000. Una de las denunciantes declaró que entregó el dinero en dos oportunidades en el domicilio de la mujer, ubicado en un edificio del barrio La Pastora.
Esos encuentros habrían quedado registrados por las cámaras de seguridad del edificio.
La mujer detenida contaría, además, con un local comercial sobre la avenida Gorlero y figuraría en una plataforma web como profesional vinculada al área de salud mental. Estos elementos también forman parte de las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía.
La investigación apunta, por el momento, a posibles delitos de estafa, usurpación de título profesional y asociación para delinquir.