Frente Amplio quiso reabrir debate sobre cambios tributarios impulsados por la administración de Miguel Abella, argumentando que en su momento no pudo expresarse.
Escribe Elena Risso
La sesión de la Junta Departamental del martes pasado transcurría con normalidad: hubo un homenaje a la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar y los partidos expusieron sobre distintos asuntos. Pero sobre las 23y30 se produjo un hecho inesperado, que tuvo que ver con una votación de hace más de un mes. Porque la lectura de una comunicación del Tribunal de Cuentas (TCR) avalando los cambios tributarios impulsados por la administración de Miguel Abella, revivió una discusión que había quedado laudada el 29 de agosto, cuando tuvo lugar una sesión en la que el Frente Amplio acusó al oficialismo de intentar silenciarlo y los blancos alegaron que en la oposición desconocían el reglamento de la Junta Departamental.
El martes pasado, luego de que la secretaría de la Junta leyó el informe del TCR, el edil frenteamplista Pablo Cicero pidió la palabra para hablar en contra de los cambios tributarios aprobados hace más de un mes, que comenzarán a regir el1° de enero de 2026. Tanto él, como el edil Juan Urdangaray, cuestionaron las modificaciones, expusieron que era una acción para mejorar las finanzas deficitarias de la Intendencia, y señalaron que se presentaba como un tema ambiental cuando en realidad tenía fines recaudatorios.
El edil blanco Adolfo Varela pidió la palabra y dijo que lo planteado por el Frente Amplio estaba “totalmente fuera de tema”. “No solo llegó un mes tarde para hablar de esto; no lo propuso ni siquiera en la discusión presupuestal, no lo propuso en la Comisión de Presupuesto. Se ve que se armó algo para hoy y vino a decirlo. Y lo dijo fuera de tema. No leen los expedientes, no tienen idea de lo que estamos tratando. Hay una irresponsabilidad legislativa por parte de algunos integrantes de este plenario que es preocupante como ciudadano de Maldonado”, dijo Varela.
El edil explicó que en esa sesión, lo que tenía que hacer la Junta era aprobar el dictamen que había realizado el TCR. “No se le puede hacer nada a eso. No podemos modificar ese decreto que votamos hace más de un mes”, agregó. “Acá falta de memoria, de conocimiento del reglamento, de lectura de expedientes, y tratar de ser oportunistas a destiempo”, dijo el edil blanco.
Qué pasó el 29 de agosto
Para entender la discusión política de esta semana hay que retrotraerse a la sesión del 29 de agosto, cuando la Junta Departamental aprobó un préstamo solicitado por la Intendencia para endeudarse por hasta 30 millones de dólares, un crédito que deberá pagarse antes del 28 de febrero de 2030. El préstamo, además, incluía una serie de artículos vinculados a modificaciones tributarias.
En su momento, el TCR avaló la solicitud realizada por la Intendencia para endeudarse, con el voto favorable de los ministros frenteamplistas.
El 29 de agosto, la Junta puso a consideración la solicitud de la Intendencia. Luego de la votación del articulado relacionado al préstamo en sí mismo, llegó el turno de considerar los cambios tributarios. Ya habían pasado varias horas de debate y corrían los primeros minutos del 30 de agosto.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Gonzalo Soria, expuso los detalles de la iniciativa. Cuando finalizó su intervención, como no había nadie del Frente Amplio anotado para hablar, la presidenta de la Junta, Verónica Robaina, puso a consideración la iniciativa.
“¿Votamos?”, preguntó Robaina, mirando a los ediles. No obtuvo respuesta. “¿Votamos?”, volvió a preguntar. Tampoco hubo respuesta. “Que se vote”, dijo Robaina, según consta en la transmisión de esa sesión, que se puede ver en la página web de la Junta Departamental.
“Estamos votando señores”, insistió Robaina. El edil frenteamplista Juan Urdangaragay dijo que había “ediles anotados”, a lo que Robaina respondió que no era así. “No había nadie anotado y se anunció la votación”, agregó.
Los ediles ratificaron tres veces la votación, como habilita el reglamento. Luego de que se aprobaron las modificaciones tributarias, ediles frenteamplistas utilizaron el fundamento del voto para dar su punto de vista sobre la iniciativa y cuestionaron el accionar del Partido Nacional.
“Es una pena que habiendo tenido una sesión en términos tan respetuosos volvamos a viejas prácticas de no permitir la palabra a la oposición. Y más cuando no habíamos hecho uso de la figura del miembro informante en la bancada del FA. No acompañamos este expediente porque no acompañamos los aumentos de tributos propuestos”, dijo la edila Karina Gómez, una de las representantes del Frente Amplio que expuso.
“Es muy difícil defender un aumento de impuestos”, dijo el edil Urdgangaray. “Acá se están aumentando las contribuciones inmobiliarias mínimas, van por el de abajo y no tocan al de arriba. Es una mentira que en este expediente el impuesto va con objetivos concretos. La plata que se recauda va a rentas generales, después lo que hace el ejecutivo con ese dinero se verá. Por lo tanto, nuestro voto es negativo y rechazamos el actuar del Partido Nacional no queriendo dar el debate”, agregó el representante frenteamplista.
El edil comunista Luis Verdún fue más allá, y enfureció a los blancos cuando calificó a los ediles nacionalistas de ser “dignos alumnos de Domingo Burgueño Miguel, consejero de la dictadura”.
Desde el Partido Nacional, Soria no mencionó a Verdún, pero dijo que le “hubiese encantado” que lo escuchara “un edil que tuvo la cobardía de hablar e irse corriendo”. “A mí no me da vergüenza decir que admiro a un intendente como fue Domingo Burgüeño Miguel, que aprenda. Y que se enojen con ellos si no conocen el reglamento, no se enojen con nosotros. Léanlo y aprendan”, dijo Soria.
La votación del préstamo en la Junta estuvo precedida de un informe elaborado por el TCR, sobre el que FM GENTE informó el 18 de agosto. En dicho documento, el organismo de contralor señaló que la Intendencia “enfrenta un desfasaje temporal de liquidez, producto de una combinación de factores que son: incremento no previsto en compromisos por planes de vivienda, fundamentalmente en el Barrio Kennedy; aumento de costos de la prestación de servicios esenciales; crecimiento de la infraestructura urbana del Departamento; y el cumplimiento de obligaciones con los proveedores, los cuales se encuentran al día con sus pagos”.
La Intendencia aclaró, según consignó el Tribunal, que la situación “no implica un desequilibrio presupuestario estructural sino un problema de flujo de fondos operativos coyuntural, que requiere ser atendido con una inyección financiera a obtener a través de un préstamo a corto plazo”.
Los cambios previstos
¿En qué consisten esos cambios tributarios que esta semana volvieron a la discusión política y que entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026? El origen de las modificaciones está relacionado, según el gobierno departamental, con el aumento en la población del departamento, que demanda más recursos para atender los servicios, entre ellos los relacionados con la recolección de residuos y manejo ambiental
Previo a la votación del préstamo en la Junta, el director General del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la Intendencia, Enrique Baeza, dijo a FM GENTE que el costo mensual promedio de la recolección de residuos en Maldonado es de 1,5 millones de dólares.
Antes de 2023, cuando se realizó una nueva licitación sobre residuos, el monto era de un millón de dólares al mes. Esa diferencia del 50% generó un aumento de seis millones de dólares más al año.
Baeza explicó que el crecimiento demográfico trajo aparejado no solo un incremento de los montos destinados a la recolección y tratamiento de residuos, sino que también demanda más recursos de infraestructura para trabajos de iluminación, pavimentación, cordones, cunetas y veredas.
El 20 de agosto, Baeza concurrió junto al secretario general de la Intendencia, Álvaro Villegas, a la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, a explicar los detalles del préstamo. En esa oportunidad, Villegas detalló los cambios tributarios, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió FM GENTE.
El jerarca explicó que hoy en baja temporada se recolecta la misma o mayor cantidad de residuos que en los veranos de la década del 90, como consecuencia del crecimiento poblacional de Maldonado. “Entonces, para el financiamiento de toda esta gestión, lo que se propone, justamente, es un adicional denominado impuesto general ambiental, el cual sustituye, de algún modo, el impuesto general municipal. En beneficios fiscales, de alguna manera se flexibilizan algunos criterios para las exoneraciones de única propiedad, tomando en cuenta algunas sugerencias o algunos planteos que se han realizado por parte de ediles en el pasado período de gobierno. Y, finalmente, en el último capítulo se consolida la desaplicación del adicional de videovigilancia pública con vigencia 1º de enero de 2026”, dijo Villegas.
Además, agregó el secretario general, para facilitar las gestiones ante la administración, se promueve la derogación de la tasa por actividad administrativa, que se cobra en trámites que se realizan ante el gobierno departamental.
En la comisión, el Frente Amplio planteó su preocupación por el impacto en las contribuciones inmobiliarias más bajas que generarían las modificaciones tributarias previstas por el gobierno. Baeza respondió que eso no era así.
Ante ese reclamo, Villegas explicó a modo de ejemplo, que en los cambios previstos se mantienen las proporciones que ya tenía el impuesto general municipal. En ese sentido, detalló que la adecuación pasaría de 4000 a 4500 pesos, a los que hay que restarles la eliminación del mínimo por videovigilancia, que dejará de aplicarse, y la posibilidad de pagar con bonificaciones y en cinco cuotas.
“Tenemos que tener en cuenta que son impuestos anuales. O sea, tenemos una adecuación de este tenor ‒estamos hablando de 400 pesos‒ por un impuesto anual, de 12 meses, el cual además se puede pagar hasta en cinco cuotas”, agregó.
Cicero dio que tenía “otra cifra” sobre el mínimo, a lo que las autoridades departamentales respondieron que esa cifra que manejaba no era correcta.
Al día siguiente, en una entrevista con FM GENTE, Villegas detalló los cambios tributarios y el objetivo que perseguían.
“Se plantea la supresión del impuesto general municipal, que es un adicional a la contribución inmobiliaria, y establecer un adicional general ambiental. Se produce una especie de transformación, transparentando claramente el destino de estos recursos económicos que van destinados en lo medular a todo lo que el sistema de modernización de recolección de residuos y todo el programa y política en materia de relleno sanitario”, dijo el secretario general.
Villegas destacó que se están realizando “inversiones importantes” a nivel ambiental. “Tenemos un presupuesto del Departamento de Gestión Ambiental superior a los 50 millones de dólares anuales, lo cual repercute positivamente en la presentación de nuestro departamento y también en la limpieza, la conservación de los espacios públicos y la higiene. Por eso se plantea que en este adicional, los recursos que se obtengan vayan a financiar parcialmente todos estos programas que tiene la Intendencia”, agregó.
El secretario general de la Intendencia dijo que también se promueve la amplificación de las exoneraciones por única vivienda, para que puedan acceder más personas y también la eliminación de la tasa de actuación administrativa.
“Hoy quien se presenta ante la Intendencia tiene que pagar una tasa y el intendente entiende que hay que facilitar las gestiones de los vecinos y hay que remover este costo para realizar una gestión. Esto nos parece sumamente importante. Va a estar unido a diversas formas de desburocratización que estarán en el Presupuesto”, dijo Villegas.
Foto: Intendencia de Maldonado
16 Oct 2025
12:53
