La organización denunció fallas técnicas, falta de garantías y ausencia de representantes empresariales en la audiencia del 5 de agosto. Exige una nueva instancia y medidas para garantizar transparencia y acceso a la información.
La Red Unión de la Costa (RUC) presentó un comunicado formal dirigido al Ministerio de Ambiente en el que solicita la anulación de la audiencia pública del pasado 5 de agosto en Maldonado, en la que se trataron proyectos de prospección sísmica por parte de las empresas Searcher y APA.
“Numerosas personas quedaron fuera del recinto sin posibilidad de intervenir”, expresó la RUC. Según detalla el documento, se registraron interrupciones en la transmisión en línea, dificultades para participar mediante Zoom y desorden en el uso de la palabra, afectando la participación de ciudadanos inscriptos, incluyendo técnicos y adultos mayores.
Uno de los puntos destacados fue la actuación de la empresa Searcher. “Estuvo representada por una sola persona que se retiró en silencio durante las exposiciones ciudadanas”, señaló la red. A raíz de ello, solicitó expresamente la anulación de esa parte de la audiencia, “por no haberse cumplido con los estándares mínimos de participación”.
Además, la organización cuestionó el informe técnico del Ministerio de Ambiente por “carecer de respaldo suficiente en cuanto a datos científicos, bibliografía y antecedentes de experiencias previas”. Criticó que no se haya incluido el material técnico aportado por la ciudadanía y sostuvo que no se aplicó el principio precautorio exigido por la normativa ambiental.
En el documento, la red pidió al Ministerio cinco medidas concretas: repetir la audiencia respecto a APA, anular la correspondiente a Searcher, crear una mesa de diálogo con actores técnicos y sociales, garantizar la participación presencial efectiva en futuras instancias y publicar información técnica completa con respaldo científico.
“Estas audiencias son pasos previos a la autorización para explorar y eventualmente explotar hidrocarburos. Su desarrollo adecuado es esencial para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó la organización. Agregó que cualquier vulneración a estas garantías “compromete la legalidad del procedimiento y la confianza ciudadana en las decisiones ambientales”.
El comunicado citó normas nacionales como la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ordenamiento Territorial, además del Acuerdo de Escazú, que establece derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
La Red Unión de la Costa concluyó: “Solicitamos que se tomen medidas para subsanar las vulneraciones observadas a derechos fundamentales”, e insistió en la necesidad de revisar los mecanismos de participación en decisiones de alto impacto ambiental.
Foto: FM GENTE
04 Oct 2025
18:20
