El colectivo entregó un petitorio a Presidencia y espera una respuesta en los próximos días; afirma que el Ministerio de Ambiente es quien tiene la potestad de autorizar o no los estudios.
El grupo Amigos del Océano presentó ante Presidencia un petitorio con 1.831 firmas para solicitar la cancelación de las prospecciones sísmicas previstas frente a la costa atlántica uruguaya, proceso que abarca zonas marítimas que incluyen áreas frente a Maldonado, Rocha y otros puntos del litoral oceánico. La vocera del colectivo, Julia Vilches, explicó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE cómo surgió la iniciativa y qué reclamos plantean.
Vilches señaló que el grupo, con apenas tres meses de funcionamiento, buscó una vía institucional para expresar su posición. “Cualquier ciudadano puede hacer un petitorio a Presidencia, y en vez de ser una sola persona, recabamos firmas; en tres semanas logramos las 1.831 que presentamos”, indicó.
Agregó que la presentación generó un expediente y que “tienen la obligación de contestarnos”, por lo que esperan una respuesta en un plazo cercano a los diez días.
La vocera explicó que, al enterarse de los planes de prospección, debieron asesorarse y estudiar el tema. “Esto no está arriba de la mesa todos los días, no sale en prensa. Tuvimos que formarnos, asistir a audiencias públicas y leer los contratos”, dijo. Según afirmó, el grupo se apoyó en biólogos, geógrafos y especialistas para comprender los posibles impactos.
Consultada sobre los efectos en la fauna marina, Vilches sostuvo que existen visiones científicas distintas, pero remarcó: “Le ponemos voz al océano y a los humedales, porque el ambiente no tiene voz”.
Añadió que el procedimiento está catalogado como de mayor impacto ambiental: “Las prospecciones sísmicas están clasificadas como categoría C, por lo que requieren estudios y audiencias públicas”.
Respecto al papel del Estado, afirmó que el Ministerio de Ambiente es la autoridad que define si otorga o no la habilitación: “Es el ministerio el que tiene la llave para autorizar, y eso está estipulado en los contratos”. También indicó que, según su lectura, este tipo de contratos “no genera multas para el país en caso de que no se autoricen”.
Amigos del Océano aguarda ahora tanto la resolución del Ministerio de Ambiente como la respuesta formal de Presidencia. “Es una forma de decir que hay más de 150 familias y 1.831 personas que no están de acuerdo con las prospecciones sísmicas”, concluyó Vilches.
19 Nov 2025
10:00
