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Zumarán dijo que “hay un montón de vehículos que son incautados por los inspectores municipales en el departamento por distintas razones: porque no tienen las condiciones para circular, porque no tienen la documentación apropiada, muchas veces el SOA –el seguro obligatorio- o porque sus titulares no cumplen con los requerimientos para manejarlos”.

Destacó que hasta agosto de 2011 no se sabía qué hacer con esos vehículos incautados. Agregó que en esa fecha se votó una ley “que establece el procedimiento para remar esos vehículos si, obviamente, sus propietarios no los reclaman”.

Explicó que la experiencia indica que si el vehículo no se reclama inmediatamente, “no se reclama más”.

Recordó que la Junta votó en 2012 que esos vehículos incautados “tienen que abonar un derecho de piso”, lo que fue reglamentado por el Ejecutivo departamental, porque se incurre en una gran cantidad de gastos, por el traslado, el control y la vigilancia, entre otros puntos.

Sin embargo, y pese a que la disposición es de 2012, “el Ejecutivo no ha llevado a remate los vehículos que estén en depósito”.

La edila dijo que “hay fotos que permiten ver sobre todo la gran cantidad de motos que hoy por hoy están en depósitos de la Intendencia”, algunas en buen estado y otras que ya no se pueden usar.

Apuntó que “hay 3.700 motos recuperables y unas 2.500 que tendrían que ir a desguace. Sería importante declarar las que no se pueden recuperar como chatarra” y proceder al remate de todas, agregó.


También señaló que el depósito, ubicado en el Mercado Agrícola, ya está al 90% de su capacidad.

Zumarán dijo que se debe proceder a la subasta y, tras saldar los gastos, “si hay un sobrante de dinero, destinarlo a la educación vial, a nivel público en el departamento”.

Por tanto, reclamó el envío de una minuta al intendente Enrique Antía y a la Dirección de Tránsito, reclamando que se haga efectivo el remate.