“Nos merecemos sentirnos seguros en nuestras casas y en la vía pública. Es por eso que proponemos articular con el Ministerio del Interior para que así sea, reconociendo la competencia de la cartera en materia de seguridad pública y asumiendo desde la Intendencia de Maldonado un compromiso de diálogo, articulación y trabajo conjunto”, señaló Hernández.
Dijo que “es importante que el gobierno departamental actúe en pos de una sólida convivencia ciudadana, tomando medidas claras y estratégicas dentro de su marco de acción”.
En ese sentido, la ex-intendente manifestó que se dispone a colaborar sostenidamente en la mejora de la iluminación en los espacios públicos. “Un gobierno con esta preocupación contribuirá a fomentar una mayor integración y convivencia, sin desatender los barrios y localidades para evitar que el abandono a los mismos traiga aparejado múltiples formas de violencia”, apuntó.
Para el proyecto del Espacio Susana Intendenta las plazas y parques no serán olvidados, la presencia de guardaparques servirá de aliado fundamental en esa tarea. Además, una gestión estratégica de espacios socioculturales que garantice un lugar a jóvenes y adultos para en ellos sentirse parte, serán igualmente centrales, se destacó.
“La continuidad y fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia funcionando en nuestro departamento, es importante. Sin embargo, consideramos que los servicios de mantenimiento e instalación de los mismos deberán licitarse de forma totalmente transparente, como lo haría un gobierno en serio y responsable. No es admisible que se destinen más de 20 millones de dólares por contratación directa para un sistema de monitoreo, como sucedió en Maldonado impunemente a pesar de una decena de observaciones del Tribunal de Cuentas. Hablamos de una adquisición equivalente a otras que el Ministerio del Interior, o la propia Intendencia de Canelones, han llevado a cabo con inversiones hasta tres veces inferiores”, agregó.
“No podemos desatender preocupaciones fundamentales como la seguridad pública. Apostamos a medios como la integración ciudadana en espacios públicos iluminados, conservados, accesibles. En materia de inversión en seguridad y convivencia, gestionar los fondos públicos con seriedad es el único camino. Por último, reiteramos nuestro compromiso de dialogar y articular con el Ministerio del Interior, siempre desde un marco de respeto a los Derechos Humanos. Operativos con abuso de fuerza o maltrato, particularmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad social, no son aceptables; la seguridad no se construye desde el atropello”, subrayó Hernández.
Dijo que “es importante que el gobierno departamental actúe en pos de una sólida convivencia ciudadana, tomando medidas claras y estratégicas dentro de su marco de acción”.
En ese sentido, la ex-intendente manifestó que se dispone a colaborar sostenidamente en la mejora de la iluminación en los espacios públicos. “Un gobierno con esta preocupación contribuirá a fomentar una mayor integración y convivencia, sin desatender los barrios y localidades para evitar que el abandono a los mismos traiga aparejado múltiples formas de violencia”, apuntó.
Para el proyecto del Espacio Susana Intendenta las plazas y parques no serán olvidados, la presencia de guardaparques servirá de aliado fundamental en esa tarea. Además, una gestión estratégica de espacios socioculturales que garantice un lugar a jóvenes y adultos para en ellos sentirse parte, serán igualmente centrales, se destacó.
“La continuidad y fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia funcionando en nuestro departamento, es importante. Sin embargo, consideramos que los servicios de mantenimiento e instalación de los mismos deberán licitarse de forma totalmente transparente, como lo haría un gobierno en serio y responsable. No es admisible que se destinen más de 20 millones de dólares por contratación directa para un sistema de monitoreo, como sucedió en Maldonado impunemente a pesar de una decena de observaciones del Tribunal de Cuentas. Hablamos de una adquisición equivalente a otras que el Ministerio del Interior, o la propia Intendencia de Canelones, han llevado a cabo con inversiones hasta tres veces inferiores”, agregó.
“No podemos desatender preocupaciones fundamentales como la seguridad pública. Apostamos a medios como la integración ciudadana en espacios públicos iluminados, conservados, accesibles. En materia de inversión en seguridad y convivencia, gestionar los fondos públicos con seriedad es el único camino. Por último, reiteramos nuestro compromiso de dialogar y articular con el Ministerio del Interior, siempre desde un marco de respeto a los Derechos Humanos. Operativos con abuso de fuerza o maltrato, particularmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad social, no son aceptables; la seguridad no se construye desde el atropello”, subrayó Hernández.
