Se trata de un decreto que exonera del pago por renovación de la cédula de identidad a las personas que resulten víctimas de hurtos o rapiñas.
Bonomi explicó que esta medida se originó a partir de diversas instancias de intercambio con la ciudadanía, en las que fue solicitada la posibilidad de no abonar el costo de la renovación cuando la pérdida del documento sea ocasionada por esos delitos.
El Presidente Vázquez aseguró que con este tipo de acciones queda comprobada la importancia de hablar con la gente para evitar instancias de reproches y dar respuesta a los problemas cotidianos.
El costo del trámite de renovación, según indica la Dirección Nacional de Identificación Civil, es de 0,26 unidades reajustables para el trámite común y de 0,52 para el urgente.