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La doctora Dina Fernández Chavez, subrayó que decidió salir al cruce de las expresiones vertidas este lunes por la doctora Salazar, sobre varios temas, no como funcionaria municipal (actualmente en comisión en el despacho del diputado Nelson Rodríguez), sino como abogada, “para evitar suspicacias”.
Respecto al caso Satenil S.A., dijo que para la gente común, las explicaciones de la doctora Salazar son muy convincentes, pero que en realidad hay que conocer la documentación existente en torno a este polémico negocio para saber donde está la ilegalidad denunciada.
La profesional aseguró que la administración De los Santos no suscribió un contrato de patrocinio con Satenil S.A., “ellos empezaron con el contrato de patrocinio, pero luego como vieron que no les permitía darle la concesión, el monopolio de toda la publicidad del departamento a Satenil, cambiaron el contrato de patrocinio e hicieron una contratación directa; eso es lo ilegal, porque el contrato de patrocinio está establecido en un decreto departamental, que establece que la intendencia tiene la facultad de firmarlo”. La doctora Fernández Chavez afirmó que ahí está basada la observación del TCR porque “tuvieron que cambiar, hicieron una modalidad de contratación directa, con la excusa del famoso temporal que fue terrible para la zona pero que al municipio le vino muy bien”.
Insistió en que, “quien no conoce toda la realidad la escucha (a la doctora Salazar) y dice, ‘tiene razón esta mujer”, y se sorprendió que haya dicho que una empresa de Miami (E-media) estuviera interesada en publicitar en Maldonado, cuando por otro lado, el director de Turismo del municipio, ha realizado muchas giras en el exterior en busca de intercambios promocionales, “que me parecen fantásticos, nos abren un mercado impresionante”.
Finalmente dijo que frente a los agravios y las amenazas encubiertas hay que salir a la opinión pública, por aquello de que el que calla otorga, y que no se pueden permitir más injurias o difamaciones “que dejan latentes, sobrevolando en el ambiente; vamos a salir a contestar. Y en esa posición es que hemos asumido como voceros del Senador Antía, la defensa de él y su familia, de todo este circo que están armando en torno a este proceso judicial”.

CITACIONES POR UN CASO QUE NO SE SABE QUIEN DENUNCIA
En torno al caso por el cual varios integrantes de la administración Antía y allegados al ex intendente deberán concurrir en pocas semanas ante la justicia (los días 7 y 8 de octubre), la doctora Dina Fernández Chavez se preguntó insistentemente, quién hace la denuncia y en base a qué son citados como testigos o como indagados.
Recordó que el proceso tras la denuncia inicial del Senador Enrique Antía, según lo que establece la Ley de Prensa, pasó antes que nada por la presentación de la denuncia de parte de quien se sintió presuntamente difamado o injuriado; se notifica al demandado o al denunciado en este caso de haber cometido la presunta figura delictiva y dentro de los 7 días, se cita a una audiencia que es oral y pública. “El titular de la acción es el Fiscal, el Fiscal es el que defiende al denunciante, se pone en su lugar y es el titular de la acción”, aclaró. Pero señaló que en este caso no se respetó el plazo y la primera citación se realizó casi a los 3 meses, lo que constituyó uno de los tantos errores que hubo, por lo cual el caso “tenía que haber terminado en un sobreseimiento de la justicia”.
Al explicar porqué el ingeniero Antía desistió de seguir adelante, la profesional afirmó que el Senador “entendió que fue una campaña de desprestigio que se venía dando desde hace mucho tiempo, con pintadas de muros, gente que salía en los medios. Hizo que familiarmente, por su familia, tenía que terminar de una vez por todas”, e insistió que en realidad habría que haber actuado apenas surgieron los primeros agravios e injurias. Agregó además que “acá se presentó una prueba manifiestamente inconducente, como se dice en derecho procesal; ¿porqué?, porque no tendía a probar que no lo habían difamado”. Afirmó además que, “acá hubieron irregularidades, no se cumplió con la Ley de Prensa; yo no atribuí intencionalidad, yo dije cuando tengamos acceso al expediente, veremos porque no se siguió con este proceso, veremos que fue lo que pasó; veremos porque se aceptó una prueba cuando la juez había dicho que no y se recurrió”.
Aclaró asimismo, que Antía no dejó sin efecto el juicio cuando le solicitaron que levantara el secreto bancario de sus cuentas y dijo que fue una “mentira” de la doctora Salazar. “Presentó un escrito autorizando a la Justicia a que le levantaran a él el secreto bancario y presentó el sobre de su Declaración Jurada, y después retiró la denuncia, porque esto se convirtió en un circo político; y salió a decirlo porque estaban metiendo a gente que no tiene nada que ver; esto es un juicio entre particulares por un delito puntual”.
Respecto a la instancia judicial prevista para los primeros días de octubre, para la que están citados varios jerarcas de la administración Antía y allegados a su gestión, se preguntó de qué se trata, “¿esto qué es, una pesquisa secreta?, ¿se está investigando gente para ver si se le encuentra algo para acusarla?. ¿Se sospecha qué cosa?, si nunca en ese juicio en Montevideo jamás se preguntó, ‘¿ustedes están dispuestos a mostrar sus cuentas?’.
Insistió en que debe existir una denuncia, una actuación de oficio o a instancia de parte un motivo para actuar, y afirmó desconocer si corresponde a una actuación de la Fiscal Olga Caraballo. Dijo asimismo que para hablar de anexar a la causa lo concluido en la Comisión Investigadora creada en la Junta Departamental de Maldonado sobre los grandes proyectos, hay que saber de que se habla. “Yo lo único que se de los grandes proyectos, es que los ediles, 11 ediles del Frente Amplio, iniciaron un proceso ante el Parlamento para que cayeran; ganaron la elección y el proyecto que presentaron en el Parlamento lo encajonaron los mismos diputados del Frente Amplio; del mismo partido político de los ediles que hoy acá se rasgan las vestiduras gritando por el tema de los grandes proyectos”.
Finalmente adelantó que en estos días estará solicitando información en la sede judicial correspondiente para conocer en que carácter están citados algunos actores, “voy a presentarme porque no me impide el ser funcionaria municipal el asumir la defensa privada de una causa penal, en un juicio donde la intendencia no es parte. Primero que nada una aclaración a la sede judicial, a ver si está citado en carácter de testigo o de indagado”, aclarando que si lo está en carácter de indagado, automáticamente pedirá tener acceso al expediente que no conoce.
Redactado: R.A.