Adoptan medidas para enfrentar el “problema” de las baterías de los autos eléctricos

Los autos eléctricos son vistos con buenos ojos porque su funcionamiento permite reducir el uso de combustibles derivados del petróleo y eso repercute en el cuidado del ambiente. Sin embargo, a futuro, también generarán un problema ambiental: ¿qué se hará cuando las baterías de esos vehículos ya no sirvan?

El tema fue planteado por las autoridades del Ministerio de Ambiente en la Comisión de Presupuesto con Hacienda del Senado, donde se anunció que el gobierno emitió un decreto para realizar el descarte de esas baterías de forma eficiente.

“Tenemos un nuevo decreto de baterías eléctricas, que es un problema que va a tener el Uruguay de acá a cinco o diez años cuando los autos eléctricos empiecen a generar recambios y se produzca un stock de baterías usadas”, dijo el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente Alejandro Nario, según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió FM GENTE.

En la reunión, la gerenta de la Dinacea, Marisol Mallo, expuso los detalles de dispuesto por el gobierno para hacer frente a ese problema. Con respecto a las baterías de autos eléctricos, dijo Mallo, se modifica un decreto del 2003 que ahora pasa a abarcar a todas las baterías.

“Las baterías de cualquier aparato, ya sean de un automóvil o de un juguete, quedan bajo la responsabilidad extendida. Como ya estaba aprobado el decreto de aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías de movilidad eléctrica quedaron incluidas en el decreto de baterías y, el resto, en el otro sistema”, dijo Mallo.

El decreto de 32 artículos fue aprobado en Consejo de ministros a fines de octubre y señala que es necesario adecuar la gestión de las baterías usadas y su disposición final. La normativa fija medidas acerca de cómo se deben almacenar y eliminar cualquier tipo de batería, dispone formas de traslado y conservación establece planes de gestión y fija sanciones para quienes incumplan con esas medidas.

De acuerdo al decreto, se fijan acciones de responsabilidad para usuarios, distribuidores, fabricantes, transportistas, y distintos actores que formen parte de la cadena de uso de estas fuentes de energía.

El documento indica que “el impulso y efectivo incremento de las energías renovables y de la movilidad eléctrica ha implicado la utilización de nuevas tecnologías para su almacenamiento, incluyendo baterías, acumuladores y supercapacitores, haciéndose necesario contar con una reglamentación que a- tienda estos desarrollos y prevea su manejo y disposición, procurando la protección del ambiente”.

En el articulado, el decreto establece que la gestión de los residuos de baterías debe hacerse de una forma que no afecte el medio ambiente y que se aplicará a las baterías de todo tipo, “independientemente de su forma, volumen, peso, diseño o composición, individualmente considerada o formando parte de otro bien u objeto, que sean o puedan ser utilizadas en vehículos terrestres, marítimos o aéreos y maquinaria agrícola, independientemente de su sistema de propulsión”.

El gobierno estableció que “en forma subsidiaria, se promoverán los procesos de segundo uso, reciclado y otras formas de valorización de los residuos de baterías,
priorizándolos en este orden” y que las distintas etapas de gestión de residuos deberán hacerse con autorizaciones correspondientes, cumpliendo disposiciones sanitarias y ambientales.
Quienes importen, fabriquen, armen o acondicionen baterías para un segundo uso deberán cumplir con un plan maestro de gestión de residuos aprobado por el Ministerio de Ambiente y estar inscripto en un registro para aplicar un sistema de identificación digital.

Los usuarios o consumidores de baterías deberán abstenerse de abandonarlas de forma que afecten la salud o el ambiente, seguir instrucciones de cómo manejarlas y entregarlas en los canales autorizados una vez que no se puedan utilizar más. Los receptores de estos productos deberán cumplir con un plan maestro de tratamiento de residuos establecido en el decreto y el transporte debe hacerse de forma segura y cumpliendo determinados protocolos.

El decreto también fija prohibiciones para el tratamiento de ese tipo de baterías de forma que se asimilen a los residuos domésticos y fija plazo para las empresas que trasladen o importen esos materiales.

La normativa establece condiciones para el almacenamiento de este tipo de productos y contar con planes de contingencia para situaciones de emergencia.
El decreto fija multas de 10 a 100 mil Unidades Reajustables para quienes incumplan lo dispuesto en el decreto.