Como lo informó FM GENTE, en el mes de julio la Policía allanó la casa de un hombre de 66 años que era ajeno al hecho delictivo que estaba siendo investigado. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno determinó que “se optó por el camino más fácil, allanarlo todo, afectando así garantías básicas del sistema de Justicia”.
Personal de Investigaciones de Zona Operacional II y Guardia Republicana ingresaron por la fuerza a la casa de un hombre de 66 años, jubilado público, la mañana del pasado jueves 10 de julio. Lo sacaron de la cama, lo pusieron contra la pared y lo obligaron a entregar su celular.
La Policía buscaba a uno de los delincuentes que días atrás había rapiñado una estación de servicio de la empresa Ancap y se había llevado unos $170.000. Tenía indicios de que el hombre vivía en ese predio, pero no tenía confirmado si residía en la casa del frente o del fondo. 
Ante la duda, la jueza subrogante Mariela Tejera permitió que se allanaran las dos casas. El procedimiento fue autorizado luego de un pedido, a través de mensaje de voz de WhatsApp, por parte de la Fiscalía Letrada Departamental de 3º Turno. 
La solicitud se hizo de esa manera porque el sistema informático, a través del cual trabaja Fiscalía en conexión con el Poder Judicial, no funcionaba, y “urgía la solicitud de los mismos, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el paso del tiempo”, argumentó el Ministerio Público. 
Luego del allanamiento, la Policía comprobó que el hombre no tenía ningún vínculo con el delito y que el rapiñero no vivía en ese predio, aunque sí conocía a personas que alquilaban la casa del fondo. 
Tras el error, los agentes se comunicaron con el afectado para ofrecer disculpas y asumir los costos de reparación de la puerta, que fue dañada durante el ingreso.
La víctima inició un proceso judicial - a cargo de sus abogados Rafael Silva y Sebastián Beracochea - y el 4 de setiembre, como lo informó FM GENTE, el allanamiento fue declarado ilegal. Pese a esto, la Fiscalía apeló la resolución.
Finalmente, este jueves 30 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno de Montevideo confirmó la ilegalidad del procedimiento y señaló en la sentencia a la que accedió FM GENTE: “Sin perjuicio de reconocer el trabajo de inteligencia llevado a cabo por las autoridades policiales, indudablemente la misma debió ser afinada a la hora de resolver cuál era la vivienda que se iba a registrar”. 
“Lejos de ello, se optó por el camino más fácil, allanarlo todo, afectando así garantías básicas del sistema de Justicia”, añade el dictamen.
El Tribunal indica que el hombre “sufrió una diligencia de las más invasivas por sus características y la forma de llevarse a cabo en general” y concluye que “debieron agotarse los esfuerzos para definir la finca a allanar, completar la investigación y recabar más elementos en lugar de ir por el todo”.
Por Paola Díaz.
Allanaron la casa equivocada y la Justicia declaró ilegal el procedimiento
 
         
                                     
         
         
         
         
                
                
                
                
                     
                     
                    