En 2020, Marcelo Balcedo y Paola Feige llegaron a un acuerdo con la Justicia uruguaya que incluyó la condena de ambos y el decomiso de varios bienes. Balcedo, empresario y exsindicalista, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos y tráfico de armas, y Feige a tres años por asistencia a lavado de activos.
El abogado de ambos, Fernando Torres, dijo a FM GENTE que presentaron un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia solicitando la nulidad del pedido de extradición que realiza Argentina.
“Lo que nosotros manifestamos es que Uruguay ya los condenó, por ejemplo, por el delito de lavado de activos, y Argentina los reclama por el mismo delito. Le pedimos a la Suprema Corte de Justicia verifique que van a ser condenados por lo mismo”, indicó.
Por otra parte, Torres dijo que el Estado uruguayo es “gran incumplidor” del acuerdo abreviado al que llegó con Balcedo y Feige.
Torres señaló que en el año 2020 la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclav) le devolvió los bienes a la pareja y que ahora se los exige nuevamente para remitirlos a Argentina.
“Ahora la Senaclav hace una especie de salto olímpico y los espera luego de cumplir la condena en la otra puerta diciendo: ´ahora devuélvanme los bienes que les entregué que los voy a remitir a Argentina, porque tengo que cumplir con Argentina. Pero Uruguay tiene que cumplir si quiere, remitiéndole únicamente los bienes que decomisó y que consideró objeto del ilícito y de decomiso”.
Torres adelantó a FM GENTE que se está analizando la demanda internacional tanto hacia Argentina como a Uruguay. “Argentina, por los hechos irregulares que llevaron a la inducción en error. Usted tiene que ser muy claro en la calificación jurídica antes de solicitar una extradición porque afecta bienes jurídicos de personas. No es contra doña María y don José, es contra el Estado uruguayo y el Estado argentino que mediante sus operadores jurídicos y políticos están llevando adelante una irregularidad total en todo, en lo que revistió todo el proceso”, señaló.
“Ya estamos en contacto con un abogado en Washington, Leonardo Carvalho, que va a viabilizar toda esta demanda internacional, que va a ser por un monto de aproximadamente 200 millones de dólares, monto que se calcula en 8 años de prisión, en daño patrimonial, en daño moral”, detalló.
“Recién estamos madurando toda esa logística, pero en cuanto lo podamos bajar a tierra lo vamos a comunicar. Pasa primero por la comisión que está en Washington y después por la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) que está en San José de Costa Rica”, puntualizó.
Foto: Archivo FM GENTE
05 Nov 2025
18:00
