En el texto se resalta la alta calidad del servicio de taxímetro que ofrece el departamento con vehículos nuevos, así como las tarifas reguladas y razonables. En esa línea, se hace hincapié en que no es necesario revisar el nivel de la prestación que se les brinda a los usuarios.
Sobre la llegada de UBER a Uruguay, se puntualizó que ha transgredido todo tipo de normas nacionales y departamentales, como por ejemplo: no pagar las contribuciones a la seguridad social ni los impuestos nacionales, no respetar la legislación laboral y no contar con los seguros obligatorios, entre otras.
Ante esta situación, la CTU optó por no pedir prohibir ese servicio -como sí lo han hecho otros países-, sino que solicitó a las autoridades que obligaran a la empresa a cumplir con las normativas establecidas para cualquier operador de transporte de personas.
En el documento se señala que “es la única forma de actuar ante la prepotencia de este tipo de empresas extranjeras”. Las pruebas indican que cada vez que se los intima a cumplir sus obligaciones, los voceros de UBER salen a acusar a las autoridades de atentar contra su libertad de elegir, contra la gente o el turismo.
Con buen criterio, el intendente de Maldonado y la Junta Departamental de Maldonado también se alinearon a la estrategia de regular este tipo de aplicaciones en lugar de prohibir su funcionamiento. En la medida que todos los operadores de transporte (ómnibus, taxímetro o remises) deben estar empadronados en el departamento, también es justo que UBER cumpla con esa exigencia, se señaló.
Por último, se felicita y alienta a la Intendencia de Maldonado a mantener la firmeza en este tipo de decisiones.
Sobre la llegada de UBER a Uruguay, se puntualizó que ha transgredido todo tipo de normas nacionales y departamentales, como por ejemplo: no pagar las contribuciones a la seguridad social ni los impuestos nacionales, no respetar la legislación laboral y no contar con los seguros obligatorios, entre otras.
Ante esta situación, la CTU optó por no pedir prohibir ese servicio -como sí lo han hecho otros países-, sino que solicitó a las autoridades que obligaran a la empresa a cumplir con las normativas establecidas para cualquier operador de transporte de personas.
En el documento se señala que “es la única forma de actuar ante la prepotencia de este tipo de empresas extranjeras”. Las pruebas indican que cada vez que se los intima a cumplir sus obligaciones, los voceros de UBER salen a acusar a las autoridades de atentar contra su libertad de elegir, contra la gente o el turismo.
Con buen criterio, el intendente de Maldonado y la Junta Departamental de Maldonado también se alinearon a la estrategia de regular este tipo de aplicaciones en lugar de prohibir su funcionamiento. En la medida que todos los operadores de transporte (ómnibus, taxímetro o remises) deben estar empadronados en el departamento, también es justo que UBER cumpla con esa exigencia, se señaló.
Por último, se felicita y alienta a la Intendencia de Maldonado a mantener la firmeza en este tipo de decisiones.
