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La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) ratificó el conflicto tras una asamblea extraordinaria y advierte que podría comenzar a tomar medidas si no recibe señales del sistema político antes del 30 de septiembre.
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) declaró formalmente el conflicto con el Poder Judicial y el sistema político, tras una asamblea extraordinaria que tuvo lugar el jueves pasado. La resolución fue adoptada por unanimidad y responde, según expresaron sus representantes, a una situación crítica en materia presupuestal, de condiciones laborales y de autonomía institucional.
“Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a defender los derechos ajenos y ahora entendemos que también, para defender esos derechos, tenemos que poder defender los nuestros”, señaló Lucía Long, secretaria general de ADEPU, en entrevista con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.
La plataforma de reclamos incluye tres puntos principales: la creación de 147 nuevos cargos de defensores públicos (85 para el interior y 62 para la capital), la inclusión de una partida de vivienda y avances concretos en el proyecto de ley que propone la independencia del sistema de defensa pública del Poder Judicial.
Long explicó que la actual inserción de la Defensoría dentro del Poder Judicial genera una contradicción funcional: “Estamos cuestionando decisiones judiciales permanentemente, y al mismo tiempo nuestros jerarcas son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No tenemos verdadera autonomía técnica”.
Según datos oficiales, en 2023 los 317 defensores públicos en funciones atendieron a unas 230.000 personas, participaron en 120.000 audiencias y redactaron 92.000 escritos. “Un abogado particular puede dedicarle a su cliente un tiempo que nosotros, honestamente, no podemos. Eso genera un abismo en el acceso a la justicia”, advirtió Long.
Otro punto de tensión es el reclamo salarial. Desde 1991, una ley establece que los sueldos de los defensores deben estar equiparados a los de los jueces letrados. Sin embargo, según ADEPU, hay un desfase del 40%. Además, no reciben compensaciones como la partida por vivienda ni la partida por incompatibilidad absoluta, a pesar de que su régimen de dedicación exclusiva les impide cualquier otra actividad profesional o comercial.
“El Poder Judicial ha priorizado históricamente la creación de cargos para jueces. La defensa pública nunca ha sido prioridad”, señaló Long, quien también denunció que la Suprema Corte de Justicia no ha solicitado cargos para defensores en las últimas rendiciones de cuentas.
ADEPU sostiene que el servicio se encuentra desbordado, especialmente en el interior del país, donde, según la dirigente, un solo defensor puede atender casos penales, alimentarios, de desalojos y de violencia basada en género sin posibilidad de especialización ni respaldo administrativo.
“Tenemos listas de espera de hasta tres meses para una consulta. Hay personas que ingresan a audiencias sin haber recibido asesoramiento legal”, indicó.
La situación será nuevamente evaluada por la asociación en una asamblea fijada para el 30 de setiembre. Si no se producen avances antes de esa fecha, se discutirán medidas que podrían comenzar a afectar el servicio, aunque, según aclaró Long, siempre se garantizarán las actuaciones urgentes.
“Necesitamos señales. Que se empiece a reconocer que esto es un problema y que se actúe en consecuencia. El acceso a la justicia no puede seguir dependiendo del sacrificio personal de quienes trabajamos en la defensa pública”, concluyó.
23 Sep 2025
08:35
