Siguiendo los procedimientos de rigor en estos casos, la justicia impuso medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación y entrega de armas por parte de S.M. La entrega se efectivizó en el momento en que al denunciado le llegó la orden de la justicia y adjuntó tanto su porte de armas como la documentación correspondiente.
Luego fue fijada la audiencia que se sustanciaría en la tarde de este jueves, y como P.M. está internada en una clínica de Montevideo tras haber sido dada de alta y para continuar su recuperación, se designó a una familiar directa suya para representarla en la instancia judicial. Sin embargo, la representante no concurrió a la audiencia por lo que la Jueza Guzmán terminó fijando una nueva fecha para dentro de 15 días.
Fuentes del caso contactadas por FM GENTE explicaron que se trata de una situación delicada para todas las partes, pero especialmente por la situación anímica de la denunciante.
Cabe recordar que los casos que se presentan bajo situaciones de violencia de género se tramitan en primera instancia en la justicia de familia y los jueces son competentes; las fiscalías penales no actúan salvo que el magistrado entienda que deben tomar parte si hay elementos que indiquen que cabe investigar un hecho por esa vía.