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Salazar enfatizó que la primera administración departamental frenteamplista recibió una situación “bastante caótica” con las viviendas sociales de Cerro Pelado. Recordó que hubo denuncias y municipales procesados por irregularidades y que, además, se aprobó un decreto para regularizar las viviendas y atacar la morosidad.

En ese contexto, fueron reconocidos los ocupantes con más de cinco años de antigüedad y se establecieron nuevas formas de pago “más accesibles, olvidando las deudas anteriores porque no se podía determinar cuánto debía cada uno”. “La gente se acogió al decreto en forma masiva, pagando desde 600 pesos hasta 1.200 pesos de cuota, de acuerdo a sus ingresos, por casas de uno a tres dormitorios”, relató.

Salazar sostuvo, además, que se crearon mecanismos para asegurar a cada familia la posibilidad de pago: “Primero se les reconoció, se les dio el beneficio de la cuota y muchas posibilidades de pago como el Tribunal de Quitas y Espera, mujeres solas con hijos o discapacitados. Aun así hay casos que no han pagado la cuota, lo cual es bastante llamativo e injusto en relación a lo que pagan y a la cantidad de gente que está esperando una vivienda y quiere pagar”.

Aseguró que las familias han sido avisadas, intimadas hasta tres veces para que se pongan al día antes de que se inicien las acciones legales. “La mayor parte de la gente ha cumplido, pero hay una especie de cultura de no pagarle al Estado. Hay gente que ha decidido pagar cuando se iniciaron las acciones legales, pero no mientras le notificaron que llevaban seis meses de atraso, que es cuando pasa para el área de Jurídica”.

Salazar también respondió a una vecina que, días atrás, dijo en FM Gente que en la campaña electoral de 2004 había políticos que recomendaban no pagar con la promesa de una amnistía. “No sé que hicieron otros partidos, que se hagan cargo de lo que dijeron. El FA no lo hizo porque no sabíamos del caos que estaba pasando en vivienda”, aseguró la jerarca.

También subrayó que el decreto de regularización fue ampliamente divulgado y que la mayor parte de las personas que tienen desalojo se habían acogido a él pero nunca pagaron, aunque tenían todas las condiciones para hacerlo. “Hay gente que está viviendo en Cerro Pelado desde hace diez años y nunca pagó una cuota. Muchos de los que están siendo desalojados acordaron la cuota según sus ingresos y luego no cumplieron. Estamos hablando de diez años atrás, nadie puede alegar que no sabía que tenía que pagar”, argumentó.

AMPLIACIÓN, HERENCIA, VENTA

Respondió, además, a quienes fustigan a la comuna porque no les permiten construir junto a la vivienda adjudicada. Salazar enfatizó que estas soluciones habitacionales apuntan a cubrir una situación social y no son ni para comercializar ni para ampliar. Sin embargo, dijo que las personas que tienen cuotas al día no son desalojadas por incumplir las disposiciones legales que prohíben construir.

“Las ordenanzas impiden que el barrio se convierta en un tugurio, establece qué se puede hacer y qué no. Cuando hay construcciones, se les intima a que la desarmen”. En cambio, dijo que si las personas se instalan, no pagan y encima construyen, incurren en un doble incumplimiento que es causal de desalojo.

Salazar remarcó, por otra parte, que “cuando muere el propietario y en la casa vive su familia, ésta permanece. En cambio, si muere un propietario que no estaba al día y los hijos tienen bienes en otros lados, ahí la vivienda social es para solucionar problemas habitacionales y debe ser dada a las familias que tienen problemas habitacionales”.

Además, Salazar lamentó que beneficiarios de viviendas sociales las hayan vendido y reafirmó que la intendencia seguirá accionando para recuperarlas. “La vivienda social está subvencionada por todos a través de los impuestos y tiene que cumplir con su fin”, advirtió.

“Se hace la denuncia penal porque consideramos que es una estafa y además van quedando registrados los que incumplen, porque hay quienes la venden y van a ocupar otro lugar y luego vuelven a reclamar una vivienda”, explicó.

La directora sostuvo que “hay gente que fantasea con que no los van a poder sacar porque tienen hijos pero lo único que pueden hacer es enlentecer el lanzamiento. También está la fantasía de que no importa si al Estado no se le paga pero hay una larga lista de gente esperando y dispuesta a pagar”, insistió.

(foto: Municipio Maldonado)