Señaló que las autoridades no tienen herramientas legales ni físicas para impedir que los adolescentes entren a las clases en esas condiciones. “A algunos los tienen identificados y en algunas oportunidades les habían impedido ingresar. Para eso se basan en actitudes, en los ojos rojos”, comentó, lamentando que la ley no ampare a los jerarcas a tomar decisiones sobre bases más científicas.
Opinó, además, que al tomar decisiones con esta metodología las autoridades educativas se exponen a agresiones de los padres de los alumnos consumidores de cannabis. Por eso entiende necesario contemplar este tipo de situaciones en la reglamentación de la ley vigente, a fin de que los directores tengan herramientas para actuar.
Además, entiende que debería de aplicarse pruebas (espirometrías, dijo) a los empleados de empresas públicas y privadas para evitar que trabajen bajo efectos de drogas.