El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno ratificó la validez de una grabación realizada por la madre de una menor, en la que se denuncia un presunto abuso sexual especialmente agravado.
El material en cuestión es una grabación casera del 9 de julio de 2022, donde la niña le cuenta a su madre lo sucedido. La Fiscalía, a cargo de la Dra. Carina Fernández, sostuvo que la prueba es lícita y evita una nueva exposición de la menor a situaciones traumáticas, motivo por el cual se optó por no realizar la declaración en cámara Gesell. La defensa de la víctima, representada por la Dra. Fiorella Garbarino, apoyó plenamente esta postura.
El acusado fue formalizado el 19 de diciembre de 2024 y desde entonces permanece bajo arresto domiciliario total, con prohibición de acercamiento a la víctima y retención de pasaporte. Estas medidas cautelares fueron prorrogadas hasta julio de 2025. La Fiscalía lo acusa por un delito de abuso sexual especialmente agravado y solicita una pena de cinco años de penitenciaría.
El abogado defensor, Dr. Iván Cirio, cuestionó la admisión de la grabación por considerarla ilícita, argumentando que no cumple con los requisitos del artículo 175.2 del Código del Proceso Penal, ya que no fue transcripta en acta y no se comprobó su autenticidad. Sin embargo, los ministros Dr. Luis Charles Vinciguerra y Dra. Adriana de los Santos Arigoni votaron por confirmar la admisión, asegurando que no se violan garantías constitucionales y que su validez definitiva será evaluada durante el juicio oral. También señalaron que la defensa tuvo oportunidad de solicitar diligencias complementarias para ejercer su derecho a defensa.
No obstante, la ministra Dra. Gabriela Merialdo votó en disidencia. Consideró que la prueba no puede admitirse por no verificarse debidamente su autenticidad ni cumplir con los requisitos formales exigidos, lo que a su entender afecta el derecho de defensa del acusado.
El caso continúa su curso judicial y se encuentra a la espera del juicio oral, en el que se determinará si el acusado es responsable del delito que se le imputa.
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