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De los Santos señaló que se pueden apreciar “dos concepciones políticas y filosóficas” en Maldonado, con Enrique Antía y el Partido Nacional representando a la derecha y por otra parte la izquierda representada por el Frente Amplio.

Varias de las cooperativas que funcionan en Maldonado fueron cesadas por decisión de la administración actual por encontrar una serie de irregularidades y situaciones poco claras en el manejo de estas.

“Es justo reconocer, aunque parezca anacrónico que el Diputado Casaretto del Partido Nacional se haya expresado en la Cámara de Representantes decididamente a favor de las cooperativas, durante el fundamento de la Ley que erigió a Maldonado en Sede 2015 del Cooperativismo y que por otro lado el Intendente Antía del mismo partido, las barra.”, manifestó el ex intendente.

Sostuvo que el informe técnico del MIDES “fue el pretexto perfecto para que Enrique Antía comenzara a quebrar el sistema cooperativo en Maldonado, preparando el camino para las empresas de siempre.”

Un informe técnico del MIDES, fue el pretexto perfecto para que Antía comenzara a quebrar el sistema cooperativo en Maldonado, preparando el camino para las empresas de siempre.

Aseguró que el Ministerio auditó a las cooperativas y siempre encontraron dificultades pero se dieron plazos para levantar las observaciones pertinentes. “Las observaciones no indicaban al Intendente que había que clausurar esas cooperativas”, aseveró el diputado.

Aclaró que fue una decisión exclusiva del Intendente Antía, ya que “no hubo ningún acuerdo entre el MIDES y la Intendencia de Maldonado al respecto”, desde MIDES se dio un plazo de 90 días para sanear las faltas administrativas mientras que el seguro de desempleo de cobertura a las personas que fueron cesadas.

NUEVO CON DEBILIDADES
Esta experiencia de nueva modalidad de trabajo, tiene “un fuerte acento social”, pero presenta debilidades, aunque afirmó que “nos ocupamos de darle voz y musculatura a sectores que no la tenían a informarles”.

“Tenemos la certeza que las cooperativas sociales en este caso, o las de trabajo, bien administradas, están en condiciones de licitar, ganar, prestar un mejor servicio público y distribuir mejor. No vamos a aceptar sospechas de corrupción. Si existiera, el Intendente como funcionario público está obligado a denunciarlo.”, sentenció.

“Repentinamente este Gobierno comenzó a controlar estrictamente las cooperativas de trabajadores, mientras que en su primer gobierno, empresas privadas cobraban a la Intendencia por servicios teniendo deudas con la DGI, el BPS y con trabajadores que hacía meses no cobraban.”, culminó De los Santos.