La defensa había pedido que se levantaran las medidas cautelares y, en caso de mantenerse, que se redujera el monto. Argumentó que la Justicia argentina estableció un perjuicio de 510 millones de pesos argentinos en la causa por administración fraudulenta del sindicato SOEME, por lo que consideró excesivo el embargo dispuesto en Uruguay, según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X.
Sin embargo, el Tribunal entendió que la Justicia uruguaya no puede determinar qué monto corresponde embargar dentro de una causa que se tramita en Argentina. Uruguay debe limitarse al control que corresponde en el marco de la cooperación judicial entre ambos países.
La defensa también sostuvo que los bienes ya habían sido considerados de origen lícito por la Justicia uruguaya y planteó una posible violación del principio de non bis in idem. El Tribunal rechazó ambos argumentos.
De esta forma, los embargos por US$ 26 millones continúan vigentes. La Justicia uruguaya, además, espera la respuesta de Argentina a un exhorto enviado para que precise y justifique cuál es el monto que corresponde cubrir.
Es decir, por ahora se mantienen los US$ 26 millones, pero queda pendiente conocer qué monto considera necesario la Justicia argentina.